La primera década de este siglo se caracterizó por un boom de aperturas hoteleras en Burgos, tanto en la capital como en la provincia, motivado por una demanda turística que provocó que ese ritmo se mantuviera aunque con menos intensidad hasta 2012. Desde entonces, poco se ha movido el censo e, incluso, ha descendido ligeramente frente al crecimiento exponencial de las viviendas turísticas. La patronal considera «suficientes» el volumen de camas regladas existentes, pero muestra su preocupación por el alza de este tipo de alojamientos y, sobre todo, por aquellos que operan al margen de la ley.
El presidente de la Federación de Hostelería, Luis Mata, exige a las administraciones, tanto locales como regionales, «poner coto» a un mercado que prevé que siga en alza, así como un mayor control de aquellas viviendas que no aparecen en ningún registro oficial, remitiéndose a las estadísticas para argumentar su afirmación. El Boletín de Coyuntura Turística de la Junta contabiliza 336 viviendas de uso turístico en el territorio burgalés, mientras que la estimación que realiza el INE con esta misma categoría recoge 720, de las cuales 275 corresponden a la capital. «Estamos hablando de casi un 50% de residencias ilegales», subraya.
Mata se detiene en ese estudio «experimental» del órgano estatal, con datos de febrero, que arrancó en 2020 y con el que se quiere dar respuesta a una creciente demanda de información sobre este mercado yendo más allá de los datos oficiales al entrar a analizar las principales plataformas digitales. Tal y como explica el INE, «la oferta y la demanda de este tipo de alojamientos ha aumentado de manera muy considerable y muchas ciudades y barrios están cambiando su idiosincrasia», por lo que considera fundamental «analizar y estimar» el número de viviendas turísticas. Un incremento que queda reflejado en el estudio, ya que la escalada respecto a 2021 se sitúa en un 21,2% (35,5% en la capital burgalesa), frente al 15,3% del conjunto de Castilla y León.
A ese cambio en la singularidad de la imagen de los entornos urbanos se refiere el también presidente de la Asociación de Alojamientos, quien valora que este alza provoca «problemas para todos», no solo un «daño» al sector hotelero. «Si se abusa se está echando a los residentes del centro de las ciudades y esto trae consigo un incremento de los precios de los alquileres», subraya, no sin aludir a que su proliferación conlleva «malestar» vecinal, principalmente, por ruidos. Defiende en este sentido la necesidad de desarrollar primero una normativa nacional, así como reforzar las municipales y autonómicas para que no se tenga que llegar a extremos como el de las Islas Baleares o que se extienda ese fenómeno denominado turismofobia. Al respecto, califica la regulación local de «laxa», centrada más en el «cumplimiento de los requisitos de las licencias o aspectos como la señalización y metros por plaza», y cree que la regional se preocupa de la «calidad» de estas viviendas sin entrar a valorar más aspecto.
Mata avanza que la Federación ya ha trasladado esta petición a los representantes de los partidos políticos y precisa que «no se trata de prohibir todo», sino de anticiparse a posibles problemas. Por ahora, Burgos puede presumir de esta convivencia entre residentes y turistas, ya que, según la estadística del INE, las viviendas turísticas representan tan solo el 0,28% de total del censo, con casos más llamativos como el 4% de Canarias y el 4,3% del archipiélago balear.
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