Aunque la realidad se empeña en desdecirlos, trabajan convencidos de que otra sociedad mejor es posible. Y están seguros de que se conseguiría antes si las instituciones, incluido el Ayuntamiento, creyeran en su importante papel. El responsable de Comunicación de Cáritas, Diego Pereda, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Eduardo González Campo, y el director de la Fundación Lesmes, Miguel Santos, también presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Burgos, integrada por 29 entidades de los ámbitos de la discapacidad, cooperación al desarrollo o exclusión social, incluidas estas tres, dibujan un boceto de cómo acercarse a ese objetivo. Y el primer trazo tiene que ver con la necesaria interlocución entre la Administración y el tejido social. Todos convienen en que es fundamental sin dejar de advertir que ha mejorado mucho en los últimos años. 

Pero no lo suficiente para que su fe en los políticos no flaquee. «Nosotros siempre venimos reivindicando lo mismo», anota Diego Pereda para romper el hilo al tiempo que saca su chuleta con esa serie de medidas que pone sobre la mesa para que las personas en riesgo de exclusión dejen de serlo. Vivienda, empleo, administración digital, soledad e infancia son las palabras clave de su exposición. 

Observa la dificultad de acceder a viviendas asequibles, sobre todo por la escasez de oferta de alquiler social, como uno de los principales escollos y, aunque reconoce que, a priori, puede parecer más una competencia autonómica, «a nivel local también se pueden hacer cosas, cuando hay voluntad política». Alude ahí al recién presentado Plan de Vivienda. 

Tres cuartos de lo mismo apunta que ocurre cuando se habla de empleo. Y, de nuevo, enfatiza que también la Administración local puede hacer mucho. 

Asiente en este punto Miguel Santos, quien habla de crear oportunidades a través de la contratación pública responsable, «no solamente con contratos reservados o cláusulas sociales, sino la contratación pública con un fin responsable». Y se explica: «El Ayuntamiento puede dejar una parte de los concursos que saca para una empresa de inserción o un centro especial». Dice que ya se han dado pasos, como la adjudicación de los puntos limpios, pero afirma que se puede hacer más. 

«Si estas personas no trabajan en esa empresa generarían un coste a la sociedad. Estarían cobrando el ingreso mínimo, o en un centro, ocupando un recurso, o en la cárcel. Convertimos a potenciales perceptores de prestaciones en contribuyentes», aclara y se refiere a ayuntamientos, como el de Valladolid o Vitoria, que ya han publicado al respecto instrucciones (ordenanzas municipales de cumplimiento interno) y que la nueva Ley de Contratación Pública lo impulsa. «El de Burgos es de los que más hacen, pero no lo ha sistematizado», recalca y se cuela Pereda para hacer ver que un puesto de trabajo es la oportunidad decisiva para echar a andar. 
Imprescindible para ese avance en la inclusión en la sociedad del siglo XXI resulta controlar el mundo digital. Y vuelven a aflorar los obstáculos. 

«Reconocemos lo bueno que tiene la administración digital, que simplifica los trámites, pero lo hace para las personas que sí tienen conocimientos, a quien no dispone de ellos se lo dificulta mucho. Nosotros proponemos que la atención telemática o presencial sea optativa», subraya Pereda y llama la atención sobre las muchas dificultades que plantea concretamente el Ayuntamiento de Burgos para el empadronamiento. «Se atasca mucho y no poder empadronarte te genera muchos problemas», sostiene antes de añadir dos peticiones a su particular carta a esta suerte de 'reyes magos': una estrategia más integral para combatir la soledad no deseada y promoción del ocio saludable de la infancia.

El discurso del portavoz de Cáritas lo suscribe Miguel Santos, que junto al empleo y la vivienda sitúa a la salud mental en ese centro de la diana.

«Hay tanto por hacer... Es evidente que el tema de la salud mental pública hace aguas por todos los lados. Necesitamos hacer algo en salud mental comunitaria y en prevención con las personas más vulnerables, que no tienen acceso. Ahora mismo hay personas que no pueden mantener su empleo porque detrás hay algo que no tiene que ver con la cualificación», desarrolla, consciente de que, aunque el Ayuntamiento puede ayudar, es más competencia autonómica, al tiempo que evidencia el auge de los gabinetes privados como prueba palpable de que «la salud pública falla». 

Más concreta, y más fácil de convertirse en realidad, se encuentra la principal reivindicación del responsable de la Asociación Española contra el Cáncer. Una única petición para los candidatos que optan a la Alcaldía capitalina: la cesión, incluso con disposición a pagar un alquiler, del local contiguo a la sede que tienen en la calle Asunción de Nuestra Señora. 

«A todos los partidos que nos han llamado los hemos dicho que vinieran a casa, para que vieran lo que hacemos con lo que tenemos. Nos preguntan por qué no nos vamos al Hospital Divino Valles o al Militar, pero es que nosotros queremos estar en el centro, que el paciente sea independiente y no dependa de la familia para venir.

Todos conocen donde estamos y no queremos confundir», se explaya y recuerda que la solicitud viene de lejos. «Igual nos hemos obsesionado, pero la ubicación es importante para nosotros», aventura Eduardo González Campo, quien considera que sus 9.000 socios y los 300.000 euros que cada año aportan para investigación bien valen que los tengan en cuenta. 

Esa ampliación, calcula, permitiría mejorar las prestaciones, como la contratación de un psicólogo más y concentrar todos los talleres que imparte la asociación. Al mes participan en ellos 450 personas, pero 300 se dan fuera por esa falta de espacio. «Nos apoyamos en el Foro Solidario de Caja de Burgos y en la Fundación Círculo, pero no queremos estar todo el día mendigando», insiste y, dicho lo cual, reitera que las relaciones con el Consistorio son «muy buenas». 

Lo son igualmente en el caso de Cáritas y Fundación Lesmes, que también tienen sus particulares peticiones. Pereda pide más esfuerzo en las ayudas de urgente necesidad, «que funcionan muy bien, pero hay muchas personas que se quedan muy fuera de toda cobertura», y más agilidad en el pago del Ayuntamiento de estas ayudas, cuantías abultadas que debe adelantar la propia entidad. 

Mientras que Santos habla como portavoz de la Plataforma del Tercer Sector para exigir más reconocimiento a su labor. «La Administración muchas veces nos ve como el brazo ejecutor de las políticas sociales que decide ella. A nosotros no nos gusta este papel subordinado, debemos, podemos y estamos en condiciones de aportar más en su diseño y evaluación, no solo en su ejecución. Las entidades del Tercer Sector aportamos mucho», presume y trae a colación el papel decisivo interpretado en la pandemia. «Burgos tiene un tejido social increíble», remacha con el aplauso de sus colegas en esta meta común de hacer una ciudad mejor.