El Ayuntamiento de Miranda mantiene que no puede tomar medidas contra el jefe de la Policía Local, pese a que existe una denuncia presentada en el juzgado de la ciudad contra él, por una supuesta extorsión a un vecino de la localidad. El equipo de gobierno cerró ayer una postura común con los grupos de la oposición, con los que fijó un punto de inflexión: las diligencias previas. Si se alcanza este paso, «y cuando se nos comunique la decisión, se iniciará la apertura de un expediente disciplinario y se adoptarán las medidas cautelares que correspondan», revela el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, después de la Junta de Portavoces celebrada ayer con todos los partidos que tienen representación en el Consistorio.

El paso al que alude el acuerdo se daría si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Miranda considera que los hechos denunciados pueden ser susceptibles de constituir un delito. Por lo tanto, con ese auto de apertura de diligencias previas, ya se habría admitido a trámite la denuncia presentada por un vecino, que hay que recordar que cuenta con antecedentes penales. 

El edil reitera la presunción de inocencia del jefe de la Policía Local en este asunto y explica que el expediente administrativo tendría «su propio procedimiento, al margen del judicial». Las decisiones que se tomen en el interior del Ayuntamiento sí que dependerán en parte de la comunicación que reciban del juzgado, «pero en ese momento ya tendremos más capacidad de actuación, porque a día de hoy el Ayuntamiento como institución únicamente tiene las noticias de prensa y no podemos hacer nada», puntualiza Gómez, que mantiene que el Ayuntamiento debe ser escrupuloso con la ley.

En IU-Podemos -también pertenecientes al equipo de gobierno- su portavoz Cristina Ferreras asume la postura adoptada en la Junta de Portavoces, porque «nos podemos poner como queramos, pero a nivel de Ayuntamiento lo único que tenemos son informaciones de prensa». En su caso, sí que admite que «la denuncia es muy grave» y mantiene que «a algunos grupos nos gustará más o menos, pero es lo que hay», por lo que deben esperar a que avance el procedimiento judicial y tomar las medidas oportunas. 

Sin saber si la denuncia se archiva a no, todos los grupos coinciden en la necesidad aguardar la decisión de la juez. El portavoz del PP, Sergio Montoya, admite que «nos guste o no», toca mantener la calma y agrega que «no se puede hacer otra cosa, porque es el jefe de la policía por derecho y cualquier medida que se pueda tomar sería de carácter arbitrario e iría en contra de los intereses del propio Ayuntamiento».

En Vox, Miguel Arbaizar, destaca que por ahora tienen una postura «de prudencia, respecto y preocupación». En su resumen, admite la gravedad de las acusaciones, aunque incide en la presunción de inocencia, para adoptar las medidas oportunas por parte de los responsables municipales.

Más procesos. El jefe de la Policía Local también tiene abierto otro proceso interno, por «una presunta orden ilegal» a dos agentes, por lo que se solicitó por parte del sindicato SPPME que se incoara la apertura de un expediente. El concejal de Seguridad Ciudadana reconoce la existencia de esta petición y aclara que «es un procedimiento por una actuación policial, por lo que entra dentro de un ámbito interno». En cualquier caso, matiza que «esto no quiere decir que no se haya hecho nada y se han pedido las informaciones oportunas al respecto para saber cómo fue esa actuación y en eso estamos». Además, hay que recordar que el jefe de la Policía Local también tiene una causa abierta contra otro agente por un supuesto acoso.