Hace más o menos un mes que finalizaron las obras de peatonalización de la calle San Julián entre la avenida de Valencia del Cid y San Pablo. Una intervención que surgió a petición de los vecinos de los ocho portales para ganar espacio para el viandante. De cara a la fluidez del tráfico, tampoco es que generara trastornos más allá de eliminar media docena de plazas de aparcamientos en una zona donde no abundan. Los problemas han llegado con la colocación de una señal que impide cruzar por este vial a los vehículos salvo a los de residentes que tengan plaza de garaje. Algo normal si no fuera porque aquí se encuentran diez comercios que cada día tienen que recibir a sus proveedores. Algunos repartidores han sido sancionados y, hartos de tener que vérselas con la Policía Local, han advertido de que dejarán de suministrar puerta a puerta si no les dan una solución. Los pequeños empresarios ya se están movilizando.
Rubén Izarra, propietario de la tienda de informática Pulsan Redes, ubicada en el número 5, ya ha remitido un escrito en el Ayuntamiento de Burgos solicitando un horario de carga y descarga. Al no haber recibido aún respuesta, está recogiendo firmas en el barrio para que la situación de esta calle cambie. «A los repartidores les han empezado a multar porque la Policía Local se rige por la señal de entrada desde el Bulevar, que restringe el paso a vehículos que no estén autorizados para entrar en garajes», explica.
La señal impide a los camiones y furgonetas distribuir a los comercios porque la peatonalización ha supuesto una prohibición total del tráfico en esta vía. Para Izarra la medida no tiene sentido por dos razones. La primera es que en aparte de viviendas hay diez comercios que necesitan de sus proveedores como lo venían haciendo antes de las obras. La segunda, y a su juicio más sorprendente, es que hay otras zonas restringidas a la circulación que sí permiten el paso a repartidores. Todo el centro histórico, sin ir más lejos.
A día de hoy, la única manera de conseguir que se cumpla la normativa que dicta la señal es que la Policía Local acuda específicamente a determinadas horas para impedir el paso de camiones y furgonetas. A largo plazo, está prevista la instalación de cámaras que registrarán la matrícula para determinar si el vehículo que atraviesa la calle está autorizado o no.
Lo que los agentes han comunicado a las empresas de reparto es que, si quieren evitar la multa, deben estacionar en zonas reservadas para carga y descarga. Hay una en San Pablo, pero con apenas espacio, y otra en el Tinte, a 50 metros de San Julián. De ahí, tendrían que ir con carretillas.
«¿Cómo van a prohibir la entrada de distribuidores a una zona donde hay comercios?», se pregunta Izarra de manera retórica, pues advierte de que, en su caso, reciben día sí, día no, productos como televisiones, ordenadores y otros dispositivos informáticos que pesan bastante. «Muchas veces tenemos que ayudar a transportarlo a los repartidores porque pesa mucho. Si nos lo dejan lejos, es imposible traerlo hasta aquí», subraya.
Las multas están causando inquietud entre el reparto, que ya ha advertido a los comerciantes de que no acudirán hasta la puerta si no hay una solución. «Es un agravio con respecto a otras zonas de la ciudad. Si no se corrige, me van a obligar a mudarme a otro lado. Por no hablar de que muchos vecinos no son conscientes de que si no tienen garaje tampoco van a poder entrar en la calle. Hay un centro de día para personas con alzhéimer. Es un sinsentido», reitera Rubén, quien agotará todas las vías para que el Ayuntamiento habilite un horario de carga y descarga.