Los pueblos BIC piden flexibilidad para construir y más ayudas

I.P.
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Los alcaldes afirman que respetar las volumetrías antiguas e instalar ventanas de madera encarece las obras y va contra los nuevos modelos de eficiencia energética

El alcalde de Haza junto a la fachada de la casa que está pegando al muro de la muralla medieval. - Foto: L. Núñez

Orgullosos de su patrimonio, que les ha hecho acreedores de estar en la lista de localidades declaradas Bien de Interés Cultural, la treintena de conjuntos histórico artísticos de la provincia de Burgos se debaten en sopesar ventajas e inconvenientes de esa singularidad que les da un plus como pueblo y una proyección exterior. Pero lejos de inclinarse la balanza positivamente hacia las ventajas, los alcaldes y vecinos consideran que pesan más los inconvenientes, que se hacen más evidentes en estos momentos que cuando hace varias décadas se incoaron muchos de esos expedientes y se declaró su protección.

Covarrubias fue una de las primeras villas en lograr la declaración de BIC en 1965; Frías y Santa Gadea del Cid son conjunto histórico desde 1972 y 1973 respectivamente. También en 1972 se incoó el expediente para la misma declaración de Espinosa de los Monteros, que cinco décadas después aún no se ha resuelto, y eso a pesar de ser la localidades de la provincia con más monumentos catalogados después de la capital burgalesa. 

Por aquellos años 70 y durante muchos después palabras como eficiencia energética, huertos y placas solares o fibra óptica no estaban ni en el diccionario. Esos conceptos forman parte actualmente de cualquier proyecto urbanístico, encaminado a cumplir con nuevos modelos de vida más sostenibles y que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. A los pueblos BIC sin embargo, se les mantiene alejados de ese paso a la modernidad y la sostenibilidad, casi obligándolos a permanecer en el pasado desde el punto de vista urbanístico. Es una de las quejas que ponen sobre la mesa los alcaldes cuando se les pregunta si les compensa ser BIC. Algunos directamente dicen no y añaden que si tuvieran que ser ellos en estos momentos quienes solicitara la declaración, no lo harían, como Miguel Mediavilla, alcalde de Villasandino, sin menospreciar su patrimonio. 

Huérmeces presume de palacios y casonas de piedra; fue declarada BIC en 2021, con visita institucional para celebrarlo. Huérmeces presume de palacios y casonas de piedra; fue declarada BIC en 2021, con visita institucional para celebrarlo. - Foto: Luis López Araico

Otros, pese a enumerar una buena lista de inconvenientes, dan por bueno el reconocimiento a su riqueza y valor artísticos, por cuatro aspectos fundamentales: la mayor visibilidad de su patrimonio, su conservación, la armonía urbanística de la localidad y su poder de atracción turística. Ese potencial turístico en algunos casos perdura en el tiempo siendo unos de los pilares de sus economía, como puede ser los casos de localidades como Frías, Poza, Silos o Covarrubias, pero en otros pueblos tiene un efecto efímero que se limita prácticamente a cuando se hace pública esa declaración. Ante esas circunstancias son muchos los regidores que consideran necesario campañas de promoción permanentes para atraer vistas y mantener ese flujo turístico de forma continuada, como explica Mario Ortega, alcalde de Presencio. 

Otras de las criticas vienen dadas por requisitos como la obligatoriedad de instalar ventajas de madera, además de no poder hacerlas más amplias, mantener la volumétrica original del inmueble o el uso de la piedra en fachadas y la teja árabe para el tejado, amen de no poder instalar placas solares o muy excepcionalmente, lo que supone una incongruencia con los nuevos modelos de eficiencia y ahorro energético, y un mayor mantenimiento de los inmuebles. 

José Luis Gómez, alcalde de Frías, valora positivamente esa diferenciación y la atracción turística que conlleva, además del reconocimiento a su patrimonio y la preservación de este. Pero también es muy claro respecto a los problemas que para el Ayuntamiento y los particulares tiene ser conjunto histórico, que en su caso es más singular por las casas colgantes, en las que es prácticamente imposible llevar a cabo reformas por las dificultades física de ejecutar obras y por las propias restricciones, lo que está provocando que sus propietarios desistan de mejoras, y en otros casos de abandono porque son «herencias» que salen muy caras.

El alcalde fredense asegura que ser BIC sale muy caro, por el sobrecoste de cualquier proyecto que, además, es más lento que en otros casos, al tener que estar supeditados a la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio. En ese sentido, considera que la Junta debería dedicar más esfuerzo en todas esas localidades precisamente también porque esa riqueza artística es un potencial para luchar contra la despoblación. En el caso de Frías, pone como ejemplo la instalación de la fibra óptica, un trabajo muy complicado por su entramado urbanístico y mucho más caro. En ese sentido, pide más flexibilidad y que se 'rebajen' las condiciones exigidas en las obras. 

En similares términos se expresa Arturo Pérez, alcalde de Oña, que forma parte de las localidades Conjunto Histórico de la región. La villa es BIC desde 1999, y esa figura ha contribuido a su dinamización turística, como reconoce el regidor, «lo demás son todo inconveniente», recalca al tiempo que se muestra partidario de «modificar» algunos aspectos que se han quedado obsoletos, en referencia a la instalación de placas solares. El Ayuntamiento ha realizado una consulta al respecto ante la falta de concreción, a la que aún no se ha respondido, añade Pérez, también crítico con obligar a tener ventanas de madera, cuando, añade, «hoy hay materiales que simulan perfectamente y no se distingue». «Da más en cante no mantener esa madera bien barnizada que instalar PVC», recalca, al tiempo que destaca que las trabas están provocando la ruina de muchos inmuebles en los que, al final, «son los ayuntamientos los que tenemos que actuar y declarar en ruina por el riesgo para los vecinos».

Por su parte, Miguel Mediavilla, alcalde de Villasandino, declarado BIC el año pasado, considera que la normativa es demasiado restrictiva, aunque ve positivo que el pueblo mantenga una armonía constructiva, y también que el Ayuntamiento elude la responsabilidad en la concesión de licencias y criterios, que quedan en manos de Patrimonio. Mediavilla se suma a las quejas por la prohibición y la poca claridad en la instalaciones solares y cree que «chocan» con la apuesta por las energías renovables y la transición ecológica. «Eso va también en contra de ayudar al crecimiento del medio rural y atraer población a los pueblos», añade.

Menos pegas y más ayudas. Tampoco la alcaldesa de Huérmeces, Silvia González, se muestra muy entusiasmada con el reciente BIC, aunque reconoce «que saca pecho» cuando se pone en valor el patrimonio de su pueblo y el turismo que puede generar, al igual que Mario Ortega, alcalde de Presencio. En todo caso, ambos se suman a las quejas de otros regidores de localidades BIC y creen que pesan demasiado las exigencias para pueblos tan pequeños «donde lo que se necesita es dar facilidades para rehabilitar, construir y fijar población», coinciden los dos.

En el caso de Huérmeces, donde presumen de casonas de piedra y palacios bien conservados, González reconoce que se ha encontrado con problemas a la hora de llevar a cabo algunos proyectos municipales, y de hecho ha tenido que cambiar la ubicación prevista para instalar un parque infantil, justo en el límite del casco urbano. También han restaurado dos fuentes, la de San Román y la del pilón, para lo que han necesitado hacer proyecto, cuando en otros pueblos vale con una memoria.

Por su parte, el regidor de Presencio, también reclama más subvenciones para los particulares y más agilidad en la tramitación, «porque se tarda mucho y le ponen pegas a muchas cosas de las que quieren hacer», aunque reconoce que los ayuntamientos sí tienen algunas ayudas de la Administración regional. En el caso del pueblo, una vez que fue declarado BIC, la Junta restauró el rollo jurisdiccional.