No es la primera vez que un ciudadano gana la batalla en los tribunales a una administración. El fallo favorable a un conductor sancionado con 200 euros por tener su vehículo estacionado sin ITV porque la norma habla de circular, no del hecho de no pasar la inspección, sienta un precedente importante y sirve de acicate para nuevos reclamantes. Algo muy parecido ocurrió hace dos años con los llamados 'fotos rojos'. Los juzgados de lo contencioso-administrativo entendieron que las multas de estos dispositivos no se ajustaban a derecho porque no estaban señalizados ni cometidos a controles metrológicos. Tras varios pronunciamientos contrarios, el Ayuntamiento se vio obligado a colocar carteles.
El recorrido de la batalla legal contra las multas a coches aparcados por carecer de ITV se presenta casi calcada a la que hace dos años libraron decenas de usuarios contra los mencionados semáforos espías. El inicio, al menos, es idéntico. Un conductor sancionado aprovechó sentencias dictadas en juzgados de otras provincias para sostener un recurso ante lo Contencioso-Administrativo 1 de Burgos. El juez le dio la razón al entender por un lado que no había una señalización que advirtiera de la presencia de estos dispositivos, lo cual reflejaba su evidente desinterés en informar de ello a los ciudadanos. Además, afeaba que los aparatos no se sometieran a un control metrológico similar al de los radares.
A pesar del fallo desfavorable, en el número 1 de la Plaza Mayor no cambiaron el paso. Mantuvieron los seis 'fotos rojos' distribuidos por la ciudad sin señalizar. De hecho, adquirieron más dispositivos para que todos los postes tuvieran cámaras, ya que hasta ese momento sólo había uno fijo y otro que rotaba por el resto. Se agarraban, además, a que el otro juzgado contencioso-administrativo les había dado la razón, por lo que el éxito de los recursos era de un 50%.
En cuestión de nueve meses, el Consistorio se vio obligado a recular. En Contencioso-Administrativo 2 hubo un cambio de titular. El juez comenzó a dar la razón a los reclamantes al entender que los semáforos debían estar señalizados. Los responsables municipales trataron de sortear sin éxito las decisiones judiciales informando en la página web sobre la ubicación de estos postes, pero no le bastó. Es más, recibieron tirones de orejas de los jueces, que les advirtieron que para conocer dicha información había que realizar una «complicada ruta» por el portal oficial del Ayuntamiento.
Las sucesivas condenas, que también suponían un desembolso en costas, terminaron por convencer a las áreas de Tráfico y Seguridad Ciudadana, que claudicaron y optaron por copiar una señal de otra ciudad para adquirir carteles y colocarlos unos metros antes de los seis semáforos espía, que llevan un año instalados.