«Este acuerdo perjudica a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería [TCAE, antigua auxiliar], de la Gerencia de Servicios Sociales pero, sobre todo, perjudica a los pacientes y a sus familiares. Eso queremos dejarlo claro». Con vehemencia y concisión hablan Laura González y Eva Docampo en representación de las decenas de profesionales de esta categoría que, si no hay cambios, en un mes desaparecerá de algunas plantillas orgánicas porque se va a sustituir por otra, denominada Técnico en Atención a la Dependencia (TADE) a la que se accede con un grado medio específico, pero que a las auxiliares ya en activo las equipara con profesionales «con menos cualificación; por ejemplo, los gericultores. Ellos han hecho un curso de 450 horas y nosotras, un grado medio de dos años y medio, más buscarte la vida para reciclarte de continuo y hacer puntos. Todo eso, ahora, desaparece de un plumazo», lamentan.
Con este espíritu se han concentrado este jueves ante la sede de la Gerencia de Servicios Sociales, en la glorieta de Bilbao, y han exigido la derogación del preacuerdo firmado el 31 de marzo por los principales sindicatos con la Junta. Y anuncian que repetirán cada jueves hasta que haya cambios. La movilización es autonómica, pero, en Burgos, estiman que afecta a unas 600 personas.
La desaparición de esta categoría no es generalizada y, de hecho, la Consejería de Sanidad divulgó la semana pasada un comunicado en el que especificaba que a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería que trabajan en Sacyl no les afecta. O, al menos, no de momento. El problema, ahora, lo tienen las auxiliares contratadas por las Gerencias de Servicios Sociales, que son personal laboral (ni funcionarias ni estatutarias).
Y tanto González como Docampo aclaran que esta situación ha explotado ahora, pero parte de la aprobación de la Ley de la Dependencia, en 2006. Entonces, y por explicarlo de forma resumida, se estableció modificar el concepto de servicios sociales y que tanto las residencias de ancianos como otros centros transformaran un día a día más bien asistencial en otro cada vez más parecido a una vivienda particular, con las unidades de convivencia y la 'atención centrada en la persona'. «Se quiere cambiar a un modelo sociocultural, pero nosotras tenemos formación sanitaria y somos sanitarias», insisten, poniendo un ejemplo: «Una persona está ingresada en el hospital, pero cuando recibe el alta no acaban sus problemas, sigue necesitando unos cuidados». Y esto, añaden, no es específico para gente mayor: también hay gente joven con necesidad de una media estancia que acude a una residencia. «Una persona con VIH, por ejemplo, o hepatitis. Necesita una atención para la que un gerocultor no tiene cualificación», insisten. De ahí que sostengan que estas funciones no puede asumirlas cualquiera, como tampoco ellas pueden hacer otras para las que no están preparadas.
Sin embargo, afirman que en el preacuerdo firmado en marzo no se aclara nada sobre las funciones de los Técnicos en Atención a la Dependencia. «Nos remiten al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. No queremos un acuerdo en el que ni siquiera explican nuestras competencias», rematan.