La Dirección Provincial de Educación, que depende de la Junta de Castilla y León, va a realizar unas obras en el colegio público mirandés Altamira para habilitar dos aulas, para los niños de 1 a 2 años y para los de 2 a 3. Su intención pasa por ejecutar las labores durante los pocos meses que faltan de este año para, así, tener disponibles las nuevas clases de cara al inicio de 2024. Fuentes conocedoras de las estadísticas que maneja la administración regional explican que esta decisión se justifica porque los espacios ya creados durante el verano en los centros de Las Matillas, El Príncipe y La Charca están al límite y, si llegan más alumnos, no habrá hueco para dar el servicio.
La Dirección Provincial de Educación llevará a cabo estas obras a través de contratos menores, es decir, cada trabajo no superará los 48.000 euros y el proceso de adjudicación se agilizará. Por tanto, la intervención es casi inminente, pese a que cuenta con el total rechazo tanto de la mayoría de docentes del centro como de infinidad de padres de alumnos. Y es que la creación de las dos nuevas aulas supondrá una reestructuración completa de la disposición interior del centro. Incluso, afectará a su zona exterior, dado que reducirán las dimensiones del patio, que de por sí no es muy grande.
Dentro de un comunicado que el cuerpo docente ha enviado a los padres se explica que las obras «son, tanto a corto como a largo plazo, improductivas y dañinas para el alumnado». En concreto, relatan que el centro perderá su aula de música, que acaba de configurarse, así como, el gimnasio, para lo cual no se les ha ofrecido ni una sola alternativa. Unido a ello, la clase de los niños de 3 años se verá desplazada por la planta baja, lo que consideran que «supone un trastoque total» porque romperá el periodo de adaptación al espacio que los infantes habían iniciado hace menos de dos meses. Pero la cosa no termina ahí, puesto que la sala de ordenadores, recientemente equipada con fondos de la Unión Europea, compartirá su uso con el área de Religión y los profesores adelantan que se mermarán las competencias digitales de los jóvenes.
Además, tanto padres como profesores alertan de que el proyecto no solo resulta problemático para el centro por la pérdida o reducción de sus actuales espacios, sino que también claman porque se vayan a ejecutar unos trabajos de semejante calado en pleno periodo lectivo. Desde el punto de vista algunos progenitores, las obras «van a generar muchas extorsiones, porque va a haber mucha movilidad de aulas». Por una parte, destacan que habrá «ruidos» con la merma en la «concentración» de los alumnos que eso supone, a lo que añaden que se acumulará «maquinaria en el patio» y «polvo» por todo el recinto. Estas molestias, según cuentan, serán todavía más exageradas para los jóvenes que tienen dificultades, como por ejemplo aquellos con autismo o TDAH. Igualmente, apuntan que «por mucha precaución que se tenga» en unas labores como estas «siempre hay peligros innatos».
De esta manera, la mayoría de los padres de alumnos del CEIP Altamira se oponen a las obras en sí mismas, pero sobre todo muestran su rechazo a las fechas escogidas por la DirecciónProvincial de Educación. Es más, ya se están movilizando para intentar frenar esta iniciativa, dado que el lunes empiezan a recoger firmas para avalar una carta dirigida a la administración competente. En ella piden, por un lado, que no ejecuten los trabajos en periodo lectivo y, por otro, que directamente ni se lleven a cabo porque supondrían la pérdida de espacios imprescindibles.
Escuela Infantil. El nuevo proyecto de ampliación de las aulas de 1 y 2 años en Miranda, liderado por la Dirección Provincial de Educación, no solo afecta al CEIP Altamira. La Escuela Infantil que lleva el mismo nombre, pero se sitúa en el barrio de Anduva, también sufrirá cambios en su infraestructura para albergar una nueva clase. Eso sí, las fuentes consultadas por este periódico advierten de que, en este caso, la intervención supondría cambios menos notables.