La Diputación de Burgos ha tenido tiempo de realizar hasta 9 modificaciones presupuestarias antes de concluir el mandato, la última en el Pleno del viernes pasado. Entre esos expedientes, uno no pasa desapercibido -el cuarto- ni por la cantidad de dinero ni por el destino. 4,5 millones para pagar a Aena el 33% del coste de las expropiaciones de los 145.000 metros cuadrados para la construcción del aeropuerto de Villafría, en ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional dictada a finales de 2020.

En ella se condenó también a la Junta de Castilla y León a abonar otro 34% y sin embargo el Ayuntamiento de Burgos libró. Mientras que los letrados de las administraciones provincial y regional solo pidieron minorar las cantidades a pagar mínimamente, el de la ciudad anduvo hábil y alegó que la deuda había prescrito. El Consistorio de la capital reconoció haber «recibido las reclamaciones de septiembre de 2009 y de marzo de 2017, por lo que se habrían superado los 4 años de plazo que marca el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria», argumento que estimaron los magistrados.

La Agencia Española de Navegación Aérea presentó «un documento en el que se acredita la notificación al Ayuntamiento de dicho requerimiento, pero solo demuestra que se expidió la mentada solicitud, pero no que llegara a su destino», concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.

Este argumento no se puedo analizar en el caso de la Diputación y de la Junta porque no lo incluyeron en su recurso. Así, en octubre de 2022 y enero de 2023 se remitieron sendos oficios a la institución provincial para preguntar por la ejecución de la sentencia o las razones que impedían la ejecución de la misma.

De ahí que la Diputación aprobara en el Pleno de marzo una modificación presupuestaria en la que incluyó los 4,53 millones de euros para saldar su deuda con Aena y tras exponerla a información pública la llevó de urgencia y fuera del orden del día a la Junta de Gobierno del 5 de mayo, fecha en la que no convocó a los medios para dar cuenta de los asuntos tratados, como suele ser habitual. 

La factura deviene del acuerdo firmado en 2004 entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación y Aena para la obtención de los terrenos. Entre las tres administraciones se repartieron el coste de las expropiaciones, una factura que se suponía iba a ser más asequible. Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó en 2011 el recurso de unos propietarios y en vez de como suelo rústico lo valoró como urbanizable, al considerar el aeropuerto como una infraestructura que contribuye a «coser la ciudad». El metro cuadrado pasó de 1,7 euros a 38,43 -22 veces más- y la cuenta total subió hasta los 15 millones de euros. Aena adelantó el dinero, pero luego se lo reclamó a las administraciones. Ante la Audiencia Nacional, la Diputación solo logró ahorrarse 71.596 euros y el pago de los intereses de demora y de las costas.