Un total de seis programas gestionados y desarrollados por FAE han desaparecido en los últimos meses tras el fin de los fondos públicos que aportaba la Junta de Castilla y León para su realización. En el último año, a través de estas acciones de formación y asesoramiento, se atendieron a cerca de 700 trabajadores y 300 empresas. La patronal, que insiste en que su financiación es independiente de estos fondos públicos y asegura que mantiene activos otros 15 programas, la mayor parte de ellos en concurrencia competitiva y no por adjudicación directa de ninguna Administración Pública. 

En concreto, se dan por finalizados los programas de Orientación a Trabajadores Ocupados (OTO), el de Orientación a Desempleados (Proapld/Proa), el de Asesoramiento Sectorial en Prevención de Riesgos Laborales, el de visitas y asesorías en prevención, el Programa de Difusión de Empleo (EIE) y el relativo al Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), por el que la patronal financiaba el trabajo de los mediadores.

Para visualizar el impacto de estas medidas, dentro del Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, FAE promovió un total de 177 visitas a empresas de todos los sectores económicos. En 2022 se puso especial atención a la problemática de los trastornos músculo esqueléticos en el sector comercio, en los talleres de automoción y en aquellas empresas con mayor índice de siniestralidad. Asimismo, se realizaron 270 asesorías en temas de prevención y se desarrollaron acciones específicas en el sector forestal.

Por lo que respecta al programa OTO, se orientó a 400 trabajadores ocupados con la finalidad de que logren mantener sus puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o, bien, obtener un desarrollo adecuado en su carrera profesional.

A través del Proa se logró la inserción de 58 personas, muy por encima del objetivo fijado de encontrar trabajo para 34 usuarios. Además, se dio atención personalizada a 238 trabajadores para mejorar su empleabilidad y la integración laboral de las personas en paro o de aquellas que quieran emprender un proyecto de autoempleo.

Este programa se centraba en tres áreas: Orientación profesional para el empleo, en este apartado se analizan las habilidades y la formación de la persona y se le indica en qué posiciones disponibles del mercado encaja mejor; además, también se señalaba qué aspectos puede mejorar en su currículum, para que pueda formarse y adecuarse a lo que las empresas solicitan. Asistencia para el autoempleo:    

Se ofrece orientación para el autoempleo para que la persona pueda desarrollar sus propios proyectos o se pueda convertir en autónomo. Y, por último, actuaciones de prospección laboral, intermediación y acompañamiento: En este nivel, se realiza un seguimiento y acompañamiento al interesado y se le asesora lo largo de todo el proceso.

Ajustes. El fin de las ayudas de la Junta contempladas dentro del diálogo social ha supuesto ajustes importantes en los sindicatos. UGT anunció recientemente un ERE a nivel regional, despido colectivo que afectará a 76 trabajadores (una decena de ellos en Burgos) a partir de este mes y junio.

CCOO CyL anunció la pasada semana un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará, durante el resto del año, a 54 personas que trabajan en el sindicato (3 de ellas en Burgos) y que supondrá una reducción de la jornada laboral de entre un 50 y un 60%. Asimismo, se suprimen varios servicios como el de prevención de riesgos laborales, el servicio de atención a migrantes, el servicio de orientación a personas desempleadas o la formación profesional para personas ocupadas.

FAE, que reúne a 65 organizaciones empresariales sectoriales con 10.000 empresas y 70.000 trabajadores en plantilla, asegura que no ha realizado ni va a realizar ajustes en su plantilla porque su financiación «es del todo independiente» de los programas que gestiona gracias a adjudicaciones de Administraciones Públicas mediante procesos de concurrencia competitiva o de aquellos otros que son de adjudicación directa.

«Hemos finalizado 6 programas destinados a empresas y trabajadores financiados por Administraciones Públicas, pero, no obstante, desde FAE se seguirán prestando de la mejor manera posible, pues nuestra razón de ser es defender los intereses de las empresas y mejorar su competitividad», señala Miguel Ángel Benavente, presidente de la organización empresarial.

La mayor parte de los programas que siguen en activo (15 en total) son en concurrencia competitiva. Uno de ellos es la Oficina Acelera Pyme, dependiente del Ministerio de Economía y Digitalización. «En este caso, el programa es cofinanciado y la Confederación solo logra la financiación pública (80%) una vez finalizado el programa».