Pasan los años y la ciudad de Burgos sigue a la espera de 'liberar' el suelo atrapado en La Ventilla desde hace más de dos décadas. El plan ideado en los albores del siglo XXI para desarrollar y urbanizar el apetecible sector S-9 aún está lejos de dar con una solución que permita replantear desde cero los términos del proyecto.
El plan inicial siguió un agitado camino hasta llegar, con el paso del tiempo, a un callejón sin aparente salida a corto plazo. La hoja de ruta prevista marcó en rojo el año 2006 para salir al mercado, pero avanzado 2023 aún no se han resuelto los problemas acumulados desde que se iniciaran las gestiones administrativas hace ya dos décadas.
Asumido el chasco, las diferentes corporaciones municipales han buscado en los últimos diez años la mejor fórmula para solucionar el caso con la UTE encargada del ambicioso proyecto por el sistema de concurrencia. Y en ello sigue la administración local, inmersa en un eterno proceso que parece no tener respuesta en un periodo de tiempo más o menos cercano en el futuro.
«Es un expediente muy complejo», resume el concejal de Fomento, Daniel Garabito. El edil socialista opta por la prudencia al analizar un asunto enquistado y con muchas aristas a tener en cuenta que definen la cuestión de por qué un proyecto de parcelación adjudicado no ha comenzado su urbanización después de 21 años.
Hay que remontarse al mandato de Ángel Olivares, cuya última comisión de gobierno adjudicó estas tareas a la UTE formada por Hormigones Sierra, Construcciones Lázaro y la Cooperativa Luis Labín, para encontrar el origen de esta infructuosa iniciativa.
En pleno crecimiento de la construcción, la idea era desarrollar la extensión de 187.000 metros cuadrados localizada en el margen izquierdo de la carretera de Logroño con la intención de unir Capiscol y La Ventilla. Sin embargo, nada salió como se esperaba y el suelo languidece a la espera de respuestas y, sobre todo, de soluciones.
Ya con Juan Carlos Aparicio al frente de la alcaldía de Burgos se ratificó la adjudicación en el año 2003, pero los trabajos nunca comenzaron y la liquidación de la Cooperativa Luis Labín en 2014 confirmó que las máquinas nunca actuarán en el S-9 bajo las premisas y condiciones pactadas inicialmente. Desde entonces, el Ayuntamiento y las empresas implicadas tratan la anulación de aquel acuerdo, un proceso que también se ha enquistado con el paso de los años.
El pago del IBI es uno de los caballos de batalla a solucionar por Fomento para romper definitivamente este vínculo y buscar una nueva salida para este sector de la ciudad en un momento en el que el suelo público para vivienda es muy limitado en Burgos.
El caso es que después de todo este tiempo, los terrenos preparados para construir 400 viviendas -de la cuales un 30% están protegidas- siguen atrapados y a la espera de finalizar un tedioso procedimiento administrativo que permita al Ayuntamiento recuperar la iniciativa para desarrollar ese sector.