Quince años de desarrollo demuestran el «éxito» de un programa que busca mejorar la convivencia y la seguridad en los centros escolares y sus entornos. La Subdelegación del Gobierno, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, se coordina cada año con la Dirección Provincial de Educación para aplicar un plan con la doble vertiente de realizar tareas de vigilancia en las zonas cercanas a colegios e institutos y la de impartir charlas preventivas en los mismos a petición de sus direcciones. El curso pasado estas se centraron en los riesgos de internet, una demanda que está siendo «constante y creciente», los peligros del consumo de drogas y de alcohol y el acoso, aunque hubo  más cuestiones a abordar.

La xenofobia y los delitos de odio también fueron objeto de atención por parte de los agentes, habiéndose notado un incremento notable en la demanda de formación para prevenir la violencia sobre la mujer, según subrayan fuentes de la Sudelegación, cuyo responsable, José Luis de la Fuente mantuvo ayer una reunión de seguimiento del programa con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la jefa de la Unidad de Violencia de Género y coordinadora del plan, Begoña Fernández, y miembros de la Junta.

El curso pasado se impartieron 974 charlas a casi 20.000 alumnos de 158 centros, ya sean de Primaria o de Secundaria. De igual modo, se desarrollaron más de un centenar de reuniones con el profesorado y 43 encuentros con asociaciones de madres y padres, así como 16 actividades complementarias tales como exposiciones o jornadas de puertas abiertas a centros policiales. En alguna de las intervenciones realizadas se cuenta también con la colaboración de expertos como es el caso de la detección de delitos cibernéticos. De la Fuente aseguró que estas intervenciones permiten a la comunidad educativa recibir información y formación que le ayude a prevenir la comisión de delitos, además de que posibilitan que afloren denuncias de actos que se pueden estar cometiendo.

Aleatorio o a demanda. Junto a esta misión, los efectivos policiales efectúan labores de vigilancia en los entornos educativos para detectar principalmente «posibles consumos de drogas y trapicheos» y atender, en caso de que así se produzcan, los avisos de los equipos directivos ante una situación de violencia o de alerta. Estas actuaciones, que sumaron 1.166, se realizan de forma aleatoria o a demanda a través de las patrullas de atención al ciudadano. La inmensa mayoría de los centros educativos de la provincia participan en este plan a través de la petición de charlas informativas que imparten efectivos especialmente formados para esta función tanto de la Policía Nacional (uno en Burgos, otro en Aranda de Duero y un tercero en Miranda de Ebro) como de Guardia Civil (dos en el medio rural).