El control de la legalidad de las construcciones en Aranda lleva décadas careciendo de un departamento municipal dedicado a tramitar los expedientes por posibles infracciones. De ahí que las cifras relativas al cumplimiento de las ordenanzas en las obras que se han realizado hasta ahora sean exiguas. En los últimos tres años tan sólo se han tramitado cinco expedientes por incumplir la legalidad en otras tantas construcciones, que se saldaron con la recaudación de 12.300 euros en concepto de multas, todas ellas a lo largo de 2022, además de la obligatoria restauración de la legalidad. 

Para encontrar otro año en el que se impusieron sanciones por algún tipo de infracciones urbanísticas hay que retrotraerse hasta 2016, cuando se ingresaron algo menos de 2.600 euros en las arcas municipales por este concepto. Desde entonces, se han acumulado seis ejercicios en los que este concepto de los ingresos se quedó a cero. Todas estas sanciones se han llevado adelante o por denuncias de terceros o de oficio, de las que la mayoría son «obras clandestinas, que no tienen soporte documental y en las que hay que intervenir», como aclara la concejala de Obras y Urbanismo, Ana María Hervás.

La explicación a tan escasa actividad en lo que a inspección urbanística se trata no es nueva: la falta de personal en el Ayuntamiento de Aranda. «La oficina de Obras no tenía funcionario, por lo que no se podía tramitar un expediente de estas características si no hay un funcionario para realizarlo; además de no haber plaza de inspector urbanista, por lo que la fase previa de instrucción, si no está bien instruida o realizada, te condiciona la efectividad de la fase posterior», explica la edil el doble motivo por el que no se han tramitado más expedientes.

Una situación que está a las puertas de solucionarse, porque este mes de abril se hará efectiva la creación y ocupación de la plaza de inspector urbanista. «Ahora nos estamos reestructurando para empezar con esa fase de afrontar las infracciones urbanísticas y los procedimientos sancionadores», reconoce Hervás el trabajo interno que se llevará a cabo desde ya, además de dotar al área de inspección urbanística de un administrativo para llevar a cabo los trámites necesarios.

La edil de Obras reconoce que, por ejemplo, en el caso de «los diseminados que están construidos en suelo rústico no se ha hecho nada» en materia de infracciones urbanísticas lo que «requiere un esfuerzo de personal y trabajo muy grande». «Lo básico es empezar a actuar, estableciendo unos criterios de actuación porque sería absurdo entender que ahora se va a poder acometer todo por el hecho de tener un inspector urbanista en plantilla», aclara la responsable del área de Obras, con el objetivo principal de «frenar las infracciones».