Al Ministerio de Justicia no paran de crecerle los problemas. El final de la huelga de los Letrados de la Administración desembocó en protestas de los funcionarios, que reclaman también subidas salariales proporcionales a las de los antiguos secretarios judiciales. Un conflicto que sigue más vivo que nunca, pues lo que comenzó con paros de tres horas, a partir de mañana serán de jornadas completas. Y, si nada lo remedia, a las protestas se sumarán en dos semanas los jueces y fiscales. La cosa no terminará ahí, porque los equipos técnicos forenses (psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc.), también han anunciado movilizaciones si no se atiende a reivindicaciones históricas. El damnificado de esta crisis, que parece lejos de resolverse a corto plazo, será el ciudadano. Los retrasos y suspensiones de juicios van a causar en Burgos un perjuicio difícil de solventarse antes de 2025. 

Cada día que pasa sin que la administración de Pilar Llop soluciona el problema con los diferentes colectivos causa un daño visible en los juzgados burgaleses. Si los dos meses de huelga de los LAJ supuso que más de 1.500 asuntos quedasen retenidos y aproximadamente 450 juicios penales suspendidos, las primeras consecuencias de los paros de los funcionarios amenazan con colapsar completamente los tribunales. Según los sindicatos convocantes, se han cancelado ya 200 vistas solo en la capital. No hay que olvidar que hay lugares de la provincia que tienen un 100% de servicios mínimos. 

Y esto, lamentablemente, no ha hecho más que empezar, porque a partir de mañana los paros serán de toda la jornada de martes a jueves. Por poner un ejemplo de las consecuencias, en la Audiencia Provincial están programados este mes doce juicios penales de los cuales quedarán suspendidos la mitad. Y estamos hablando de una sección que ya está señalando a un año vista. De hecho, algunos de los procedimientos programados para 2023 ya han sido recolocados en marzo del próximo ejercicio. 

Este mediodía, los funcionarios se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Desde los sindicatos insisten en que el Ministerio de Justicia ni siquiera les ha planteado una oferta económica con la que empezar a negociar. Y hasta que no la presenten, no volverán a sentarse. El próximo día 16 de mayo están llamados a la huelga también los fiscales y jueces. Reclaman una actualización de las retribuciones tras años de pérdidas de poder adquisitivo. Los abogados y procuradores también piden que se revise al alza los baremos del turno de oficio.

Pues bien, ahora son los equipos técnicos forenses los que también alzan la voz. Estos profesionales, psicólogos, educadores y trabajadores sociales principalmente, son los encargados de elaborar cientos de informes clave en materia de violencia de género, delitos sexuales, menores infractores y víctimas, y asuntos de familia. Sus reivindicaciones van mucho más allá de las cuestiones económicas, que también, pues cobran unos 500 euros menos que en comunidades con competencias adquiridas. Llevan más de 10 años como personal laboral y reclamando pasar a ser funcionario, lo que mejoraría notablemente sus condiciones y también sus posibilidades de progresar en su carrera profesional. También piden que se invierta en medios técnicos y, por supuesto, incrementar las plantillas.