El Plan General de Ordenación Urbana de Briviesa, aprobado a principios de año, contempla una superficie urbanizable de 77.000 metros cuadrados en los terrenos conocidos como El Fontanal, una cifra que se aleja de los 252.088 en los que la Junta planteó en el año 2010 construir 735 viviendas. El proyecto generó una gran polémica en la ciudad porque implicaba a los «legítimos propietarios de los solares  hacer frente a la urbanización», algo a lo que se opusieron rotundamente. 

La primera y segunda propuesta del PGOU recogía como suelo urbanizable el Sector SE-1 (El Fontanal), pero en noviembre de 2015 el Pleno municipal aprobó provisionalmente el documento tras introducir varias modificaciones, incluida la reducción de la gran superficie. Sin embargo, no ha sido hasta enero de este año -fecha en la que la administración regional dio el visto bueno tras 16 años de trámites- cuando los propietarios de los terrenos implicados en el proyecto confiaron en que la «macrourbanización no llegaría a ningún puerto».

La Consejería de Fomento abrió el procedimiento de aprobación de un Plan Regional de Actuación (PRAU) con el objetivo de crear suelo para la construcción de viviendas con «protección pública, adecuadamente equipado con las dotaciones urbanísticas necesarias para la calidad de vida de la población» en dos áreas de la localidad: en el antiguo parque de maquinaria y en ambos márgenes del final de la avenida Reyes Católicos (carretera Cornudilla). La idea provocó el mal estar de algunos dueños de las 79 parcelas, que constituyeron el grupo de afectados El Fontanal, y presentaron decenas de alegaciones contra el PGOU de entonces y el PRAU.

Estos solicitaron a la corporación que diera los pasos necesarios para «sacar dicho expediente del nuevo Plan» al tratarse de una «artimaña legal para quitarnos las tierras», declara a este periódico la portavoz de la agrupación, Soledad Hernández. Asimismo, pidieron «coherencia» y que se respetara el «informe desfavorable sobre El Fontanal que el propio Ayuntamiento emitió» el 19 de enero de 2011. 

El proyecto «carecía de interés público y no respetaba el derecho de propiedad», manifiesta la damnifica. «Tampoco comprendíamos qué beneficios tendría para los briviescanos una idea que fijaba suelo para construir más de 700 viviendas en plena crisis del ladrillo y con más de 1.200 casas vacías», añade.

En contra. Tras el escrito desfavorable del PRAU que trasladó el Consistorio a la Junta a través de la Delegación Territorial de Burgos, esta manifestó que El Fontal era un «plan que diseñaba una operación a medio y largo plazo que se desarrollaría en fases conforme a la evolución del mercado inmobiliario y a las necesidades socioeconómicas de La Bureba». 

La presión que tanto los propietarios, con el apoyo de los vecinos y el propio Ayuntamiento, realizaron y las cifras que planteaban -15,8 millones de euros el coste de urbanización- repercutieron en que el proyecto se «quedara en el cajón durante este tiempo», comenta Hernández. «Las modificaciones admitidas en el actual PGOU impiden que la construcción se ejecute, algo que hasta ahora no teníamos seguro», sentencia.

El alcalde de la ciudad, José Solas, ajeno a la polémica durante esos años, recuerda a los afectados que la Junta «simplemente ha notificado que el Plan está aprobado, nada más. El escrito que ha enviado no guarda ninguna relación con la construcción de las 735 viviendas, de ese asunto no sabemos nada».