El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos ha presentado una batería de alegaciones contra el 'tasazo' de Aguas, pendiente aún de su aprobación definitiva, por considerarlo ilegal. Los socialistas están dispuestos incluso a llegar hasta el Juzgado de lo Contencioso si sus reclamaciones no son atendidas en la vía administrativa. Entienden, desde el punto de vista procedimental, que la Comisión de Precios de Castilla y León debía haber informado sobre la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributaria (PPCPNT) y no se le ha pedido que lo haga y, por otra parte, aseguran que se ha producido una «vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de la Administración» ya que el incremento del 9,5% de la tarifa en 2025 y del 1,5% más el IPC durante los cuatro años siguientes «no se justifican» ni con el argumento que se ofreció de que entraría en pérdidas (finalmente obtuvo 2,4 millones de superávit) ni con el de la necesidad urgente de intervenir en las infraestructuras ya que «la memoria del Presupuesto de 2024 indica que gozan de un adecuado estado de uso y conservación».

Para los socialistas, no se cumplen los principios de buena regulación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En el caso del de «necesidad» porque Aguas tiene en caja 24 millones de euros de remanentes de tesorería y ha logrado captar al menos ocho millones de fondos europeos.

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