El grupo municipal socialista volvió a denunciar ayer por boca de su concejala Mar Ramírez el incumplimiento por parte del equipo de Gobierno del PP de la Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Junta en el Ayuntamiento sin que haya sido sancionado por ello.
Entre otros ejemplos de su afirmación, apuntó que el 60% de los semáforos no cuenta con dispositivo acústico para facilitar el paso a las personas invidentes; que 10 autobuses de los 52 que conforman la flota tienen rota la rampa lo que impide el acceso al transporte público a personas con discapacidad motórica; que el arco de seguridad del Ayuntamiento no cuenta con señal luminosa para facilitar el paso a ciudadanos sordos; que no exista un intérprete de lenguaje de signos o que no esté instalado un bucle magnético en el servicio de información para ayudar a personas con dificultades de audición, entre otros.
Ramínez recordó que todavía están pendientes de redactarse las ordenanzas de Movilidad o de toneles y otros elementos en la vía pública o la que regula la señalización de las obras en las calles. «El Ayuntamiento debiera haber adaptado sus ordenanzas desde el año 2002 a la ley de la Junta de Castilla y León, no lo ha hecho y no ha sido sancionado», señaló.
El PSOE culpa al Servicio de Accesibilidad, Movilidad y Transporte Urbano (Samyt) de dejación defunciones y de no informarse sobre sus competencias, aunque reconoció que en la actualidad carece de personal suficiente para ello. «Hay que curar la parálisis de este servicio municipal porque no funciona»., añadió.
En opinión de Ramírez, algunas de las actuaciones que mejorarían el bienestar de los discapacitados no son costosas para solucionar estos problemas no son costosas, como los 300 euros que costaría instalar los dispositivos acústicos en todos los semáforos, un total de 2.861.
Finalmente, lamentó que no se haya avanzado nada en la elaboración de un plan de accesibilidad municipal tras el compromiso adquirido en el Pleno del mes de mayo a raíz de una proposición del PSOE en este sentido y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. «El Consejo de la Discapacidad se está ocupando de ello en la medida de las posibilidad pero este órgano, integrado por asociaciones del sector, no tiene capacitad para decir en qué edificios hay que actuar y qué actuaciones pueden hacerse. Se está poniendo en manos de entidades privadas algo que debe estar en manos públicas».