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Demandan al alcalde de Alcocero de Mola por mantener la denominación franquista

DB / Alcocero de Mola
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Monumento al general Mola en Alcocero, inaugurado por Franco en 1939. - Foto: Alberto Rodrigo

El abogado Eduardo Ranz, que ya demandó al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios franquistas, denunciará hoy por incitación al odio a ocho alcaldes de pueblos españoles con denominación franquista, al considerar que incumplen la Ley de Memoria Histórica. Entre ellos se encuentra una localidad burgalesa, Alcocero de Mola. Su regidor, Juan Bautista Sagredo (PP), declara a DB que «es una pérdida de tiempo y de fondos porque la historia está ahí y no se puede cambiar, la cuestión está en no repetirla» y señala que la localidad no tiene previsto hacer ningún cambio en el nombre.  Esta población burebana añadió a su etimología ‘de Mola’ en recuerdo del general Emilio Mola por fallecer en accidente de avioneta en 1937 dentro de su término municipal.

Quitar subvenciones

 

Ranz también presentará en la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) una petición para cambiar los nombres de estos ocho pueblos -a los que se suman tres pedanías- relacionados con la dictadura. Además, solicitará la retirada de subvenciones y la pérdida de derechos de pertenencia a la Femp.

«No existe mayor exaltación de la dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes de la guerra civil, en el apellido del pueblo, y por tanto, no existe mayor incumplimiento de la norma», ha explicado Ranz a la agencia EFE.

Otras localidades españolas

 

La denuncia también afecta a Águeda del Caudillo (Salamanca), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba), Queipo de Llano (Sevilla) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

El letrado, especializado en memoria histórica y derechos humanos, presentará a su vez once peticiones ante las diputaciones provinciales solicitando la retirada de subvenciones, para cumplir con  la Ley de Memoria Histórica.