Las preguntas de la oposición llevaron de nuevo ayer al pleno del Ayuntamiento del Valle de Tobalina la postura que esta Administración mantendrá frente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) con respecto del cobro de las licencias de obra por el desmantelamiento de Santa María de Garoña, que la Ley de Cambio Climático fulminó en 2021, al considerarlas obras de interés general. El Consistorio ya sabe que las obras la fase I del desmantelamiento recién iniciado y que durará 3 años tendrán un coste de 15 millones de euros, según los datos que le ha facilitado Enresa, lo que generaría unos ingresos de 600.000 euros en licencias de obras. Su intención es girar los recibos y, si Enresa recurre, como es previsible, serán los juzgados los que decidirán.

Con el apoyo y asesoramiento de un abogado contratado ex profeso por la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac) con este objetivo, el Ayuntamiento tobalinés tratará de arañar estos primeros 600.000 euros, que podrían alcanzar los 8 millones al término del desmantelamiento dentro de diez años. La secretaria municipal avanzó que «estamos a punto de terminar el informe que lo argumenta» para realizar la solicitud de las primeras licencias de obra y su futura defensa ante los tribunales.

No obstante, el equipo de gobierno desveló ayer que también acudirá a la firma de los convenios que Enresa propone para compensar la merma que la Ley de Cambio Climático ha impuesto al dejar exentas del pago de licencias a las obras del desmantelamiento. La ahora teniente alcalde y exalcaldesa, Raquel González, manifestó que «estamos pendientes de firmar el primer convenio», pero aún no hay fecha para el mismo.

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