Los plazos legales sobre el comienzo de las campañas electorales no dejan de ser orientativos, porque desde el momento en que se fija la fecha de celebración de unos comicios, cincuenta y cuatro días antes de que se pueda votar, e incluso antes, toda la actividad política, lo que se aprueba en las Cortes y de los que se habla y se discute se hace en términos electorales. Que no se pueda pedir el voto formalmente es una cuestión menor que va implícita en los actos electorales que se prodigan los fines de semana.
Tanta es la proliferación de actos preelectorales, y tantas las declaraciones de los líderes políticos y tanto el deseo de agradar a la parroquía del lugar en el que se encuentran que sus mensajes pueden ser contradictorios o contraproducentes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que sabe que si no obtiene buenos resultados electorales en Cataluña puede tener más difícil llegar a La Moncloa, habló allí de "un espíritu de remontada del PP de Cataluña" que pretende lograr recogiendo los restos del naufragio de Ciudadanos, aunque muchos de esos "constitucionalistas" ya se pasaron a las filas socialistas en las últimas elecciones autonómicas que ganó Salvador Illa al frente del PSC.
Ocurre que en Feijóo se mezclan dos posiciones contrapuestas. A veces se acuerda que ha sido hasta hace un año presidente de una comunidad autónoma histórica, lo que le lleva a defender también la nacionalidad histórica de Cataluña, como ya hizo en otra ocasión, y luego se olvida de ello o recula en la medida que ese discurso es contrario a las posiciones más conservadoras de su partido, es un filón para los intereses de Vox y ni tan siquiera es entendido por los constitucionalistas catalanes que han negado ese estatus a los independentistas.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mueve en los últimos mítines entre el parque de Doñana y el cambio climático y la ley de la vivienda jugando con el miedo y la esperanza, a sabiendas que esos problema se van a resolver en un corto espacio de tiempo. Su gobierno será el que recurra al Tribunal Constitucional la ley que pretende legalizar los pozos ilegales, pero eso no impedirá que se siga esquilmando el acuífero que les proporciona agua, y porque la oferta de 93.000 viviendas sociales es tan a larguísimo plazo que las generaciones de jóvenes que necesitan ahora alquileres asequibles no van a poder acceder a ellas. Por supuesto, las referencias a la reforma de la ley del solo sí es sí sacada adelante con los votos del PP son las mínimas posibles.
Para recordar ese hecho ya están los dirigentes de Podemos que, pérdida esa batalla, libran la siguiente dentro de su mismo espacio con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la que cortejan para que haga campaña con ellos, lo mismo que otros de sus socios en su proyecto, que ha irrumpido en escena arañando votos a Podemos. Ambas formaciones juntas serían la tercera fuerza política si se confirmara que la coalición sumaba y que alguno de sus términos no resta. Al menos tendrán la oportunidad de comprobarlo en diez de las doce comunidades autónomas donde se celebran elecciones.