No es una tarea fácil, pese a las tentaciones que tienen muchos de presentarse a las elecciones a través de un partido político. Y es que, una reforma de la ley electoral endureció bastante los requisitos para la creación de formaciones en 2011, complicando aún más si cabe una carrera hacia la conquista del poder en las urnas que, para arrancar, debe salvar este escollo en primer lugar

Por eso, el adelanto de las generales anunciado por Pedro Sánchez a julio no solo ha obligado a los grupos a alterar sus estrategias y mantener activa la maquinaria electoral, también ha acelerado los planes de quienes tenían puestas las miras en diciembre como meta para entrar en el panorama político. Confirmada estaba desde hace tiempo la decisión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de presentarse a los comicios con un nuevo partido para amalgamar a la izquierda. Más dudosas eran las intenciones entonces de la que fuera diputada y candidata de Vox en las andaluzas, Macarena Olona.

Tan solo un día después de confirmarse la cita del 23-J, la gallega se apresuró a solicitar en el Ministerio del Interior la inscripción del Movimiento Sumar; mientras, la alicantina tardó un par de jornadas más con Caminando Juntos.

Estar en el Registro del Ministerio, el único que hay a nivel nacional, es el primer paso para poder concurrir a unos comicios. Permite a los partidos políticos adquirir personalidad jurídica, es decir, hacer público su nacimiento y su posterior creación.

Para ello, tres o más personas físicas mayores de edad tienen que presentar, además del escrito de la solicitud de inscripción, el acta notarial con el acuerdo de constitución, miembros de los órganos directivos y estatutos por los que se regirá la formación.

En un plazo máximo de 20 días, Interior examina el documento y registra al nuevo partido, siempre que todos los datos estén completos. Actualmente, hay en España 4.470 formaciones políticas, 599 más que en las últimas generales. En lo que va de año, se han contabilizado 244 nuevas.

No obstante, figurar en el registro no da automáticamente el pase. Es la Ley orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y su reforma de 2011 la que fija qué formaciones pueden presentar candidaturas al Congreso y el Senado.

Los partidos, al igual que coaliciones y federaciones, que no lograron representación en los anteriores comicios generales (28 de abril de 2019) necesitan la firma de, al menos, el 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretenden ser elegidos, lo que supone 37.000 firmas para una candidatura que pretenda hacerlo en todo el país.

Si se tratase de una agrupación de electores, el dato de avales ciudadanos se sitúa en el uno por ciento. Las firmas deben ser de ciudadanos con nacionalidad española, manuscritas y originales, recogidas en los 20 días posteriores a la convocatoria de las elecciones.

Tengo avales, ¿ahora qué?

Al desafío de lograr los avales suficientes, se suma otro hándicap. ¿Quién paga los gastos de la campaña? Según la ley de financiación de partidos políticos, el Estado solo da recursos económicos a los grupos que tengan representación en proporción a los resultados de los últimos comicios. Lo mismo ocurre con la presencia en los medios de comunicación de titularidad pública. Solo tendrán minutos en RNE y saldrán en TVE los que tuvieron representación.

Si, finalmente, las nuevas formaciones superan todos los requisitos, para las generales del 23-J únicamente les faltará un último paso: formalizar sus candidaturas ante las juntas electorales antes del próximo lunes, el mismo plazo que para el resto de partidos.