El tan demandado centro cívico de la zona oeste, que dará servicio a los barrios de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente, vuelve a encallarse y su construcción se retrasará todavía más. El equipo de Gobierno se ha encontrado con un nuevo varapalo que impide convocar un nuevo concurso y adjudicar las obras a otra empresa, después de que la UTE Gesdesbur y Construcciones y Obras Llorente decidiera no iniciar los trabajos.
Tras los tiras y afloja entre las partes, que se prolongaron durante meses, la Junta de Gobierno Local inició un procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista que remitió al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera el preceptivo informe para dictar la rescisión definitiva. Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuanto este organismo ha dictaminado que el procedimiento está caducado dado que el plazo máximo para su tramitación es de tres meses a contar desde el acuerdo de iniciación y se han excedido.
De este modo, será necesario volver a la casilla de salida y poner en marcha un nuevo el proceso de resolución del contrato teniendo en cuenta ese margen de tres meses. No obstante, la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, aseguró que antes de dar ese paso se ha pedido un informe a la Asesoría Jurídica municipal para que analice a fondo el informe del Consultivo, dado que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, es decir si es conforme a derecho la rescisión. «Desde Servicios Sociales hemos hecho la consulta a la Asesoría Jurídica para que nos diga cómo actuar, dado que los informes del Consejo Consultivo son preceptivos pero no vinculantes».
Los responsables municipales pensaban que este tipo de procedimiento de resolución del contrato se regían por los plazos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, que establece un plazo de ocho meses, pero una sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de marzo de 2021 concluye que no es aplicable a los contratos suscritos por las corporaciones locales, que deberán ceñirse a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que fija un plazo de tres meses. «Tenemos tres meses para iniciar el procedimiento de nuevo, dar audiencia a la otra parte, resolver y enviar la documentación al Consultivo. Es muy complejo», lamentó la concejala, que reconoció que esto solo supondrá un «nuevo retraso» ya que «el procedimiento no gana claridad y ninguna de las dos partes sale beneficiada».
nuevo concurso. El equipo de Gobierno contaba con salvar este paso para resolver el expediente administrativo y poder convocar un nuevo concurso para construir el centro cívico. De hecho ya se está revisando el proyecto elaborado para adaptarlo a los nuevos precios y así dar pasos para que esta dotación sea una realidad.
Cabe recordar que el Ayuntamiento sacó a concurso las obras por 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Se adjudicó a la unión temporal de empresas conformada por Gesdesbur y Construcciones y Obras Llorente. Sin embargo, durante meses se produjo un tira y afloja entre el Ayuntamiento y los integrantes de la UTE para que iniciaran las obras tras la firma del contrato en enero de 2022 e incluso firmaron el acta de replanteo pero no se movió un ladrillo y se optó por la rescisión.