Desde 2020 el sector vitivinícola se ha visto gravemente afectado como consecuencia de la pandemia. Cuando ya parecía que comenzaban a reactivarse las ventas, la guerra de Ucrania, el alto incremento de los costes de producción (55% respecto a marzo de 2021) y de la energía y la dificultad de acceder a vidrio y otras materias primas han provocado un parón en el mercado nacional e internacional, con lo que ello supone para las exportaciones. A todo ello hay que añadir, además, la importante caída del consumo en España, un 8% en el último año, debido a la inflación. Además, pese a la sequía que ha afectado a las principales zonas productoras de España, la producción se ha mantenido en niveles similares a la anterior. Todo ello, según COAG, ha llevado a un pronunciado desequilibrio entre oferta y demanda en el sector vitivinícola.

Con los datos disponibles de la actual campaña 2022/2023 (INFOVI a 31 de enero) la producción hasta este punto es de 35 millones de hectolitros (un 1% más que la anterior). Sin embargo, el volumen del mercado interior se ha reducido en 0,95 millones de hectolitros respecto a la campaña 2021-2022, representando los tintos y rosados a granel un 59% de dicha reducción. Con todo ello, tal y como se muestra en el Informe Económico mensual de diciembre la Interprofesional del Vino de España, las salidas netas nacionales se encuentran en disminución desde febrero de 2022. A nivel de exportaciones también se ha producido un reducción del 4,2% respecto a la campaña 2021-2022, con una tendencia a la baja desde diciembre de 2021. Destaca la reducción en volumen de exportación de vino a granel con 1,5 millones hectolitros menos (-11,5% respecto al ejercicio anterior).

Por ello, durante la reunión bilateral mantenida recientemente, COAG ha reclamado al Ministerio de Agricultura que disponga de forma urgente un paquete de ayudas para activar la destilación de crisis en el sector vitivinícola, al igual que acaba de hacer el Gobierno francés para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en su sector. Cooperativas Agro-Alimentarias de España se ha manifestado en la misma línea. El Consejo sectorial vitivinícola de la organización, tras analizar la situación que atraviesa el sector, considera imprescindible solicitar una destilación de crisis para el vino tinto, al igual que ha realizado Francia. Esta propuesta ha sido trasladada a la Junta directiva de la Organización Interprofesional del Vino de España. Cooperativas considera importante aprovechar los medios reglamentarios existentes en la Organización Común de Mercados y tener en cuenta las circunstancias actuales.

Según manifiesta COAG, las existencias finales, a 31 de enero, son de 52 millones de hectolitros. La campaña anterior, a 31 de julio de 2022, finalizó con 34,6 millones. Si se comparan los datos de dichas existencias respecto a las seis últimas campañas se puede apreciar que, tras un ligero descenso de los stocks debido a la intervención del sector por la pandemia, las existencias se encuentran en cifras muy superiores a las que se encontraban en las campañas previas a la intervención.

Estas existencias, unidas a la fuerte detracción de la demanda, están provocando una paralización del mercado y el hundimiento en las cotizaciones, de forma muy acusada en los tintos. El informe de precios elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así lo refleja: blancos y tintos sin denominación de origen o indicación geográfica protegida han llegado a equipararse en precios (38,42 y 38,83 euros por hectolitro respectivamente, en la sexta semana de 2023). En comparación con el promedio de precio de 2022 (42,93 euros), el vino tinto sin DOP/IGP en 2023 ha tenido una reducción de precio de 4,8%.

La peor parte.

«Dentro del conjunto del sector, los viticultores somos la parte más perjudicada por las consecuencias económicas provocadas en este contexto, que ocasiona una notable pérdida de rentabilidad y un futuro muy incierto, que llega a vislumbrarse como insostenible. Por este motivo, desde COAG hemos solicitado al Ministerio adoptar las medidas requeridas para la estabilización del mercado vitivinícola en concordancia con el Plan de Apoyo al Sector del Vino Español (PASVE). Es vital actuar de forma urgente, tal como ha hecho Francia con la aprobación de la destilación de crisis», ha subrayado Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

El Ministerio de Agricultura francés va a destinar un presupuesto de 80 millones de euros a ayudas a la destilación, 40 millones de fondos propios y 40 millones de dotación de financiación europea (FEAGA), previa autorización por parte de Bruselas. En la nota de prensa explicativa plantean, además, la posibilidad de organizar una segunda campaña de destilación hasta alcanzar los 160 millones de euros, explican desde COAG.

ASAJA en Castilla-La Mancha también se suma.

De la misma manera que COAG y Cooperativas Agro- Alimentarias lo ha hecho a escala nacional, ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido medidas para el sector vitivinícola «siempre y cuando vayan acompañadas de una partida presupuestaria definida que evite consecuencias sobre el precio de la uva». Así se ha pronunciado el vicepresidente primero de la organización agraria, Florencio Rodríguez, ante la posibilidad de aplicar una destilación de crisis para el vino, es decir, de retirar del mercado una cantidad de producto para equilibrar la oferta y la demanda. Según ha explicado Rodríguez, las operaciones del mercado nacional e internacional están paralizadas, sobre todo en los tintos, lo que, sumado al incremento desmesurado de los costes de producción y a los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania, han provocado un desequilibrio en los precios del vino.

Para solventar esta situación que atraviesa el sector, «es importante que se apliquen medidas, ya sea la destilación u otras medidas de apoyo y promoción, con el fin de estabilizar los precios de la uva y conseguir liquidaciones adecuadas para los productores, es decir, que les paguen la uva por encima de los costes de producción tal y como marca la Ley de la Cadena Alimentaria. Pero para evitar el efecto contrario, cualquier medida complementaria debe ir acompañada de una partida presupuestaria definida», ha concluido.