Miranda pocas veces está tan unida como en San Juan del Monte, aunque la edición de 2024 no deja atrás la polémica, sino todo lo contrario. El conflicto entre la hostelería y la Cofradía se recrudece, hasta el punto que desde la asociación Altamira se dan por rotas las relaciones por «todas las mentiras», que según ellos soportan desde que es presidente Roberto López de Davalillo. La gota que colmó el vaso fue la justificación para cobrar una fianza de 500 euros por las barras en la calle. Los bares consideran que esa decisión «roza la ilegalidad», pero hay más actores que piensan en esta línea, porque el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, avisa de que la propuesta de poner una señal «no entra dentro de ninguna normativa».
El responsable municipal recuerda que el Ayuntamiento «es la única institución encargada de la vía pública», y por lo tanto la que puede pedir dinero por su utilización. El edil tiene claro que cobraran las tasas correspondientes a quien demande colocar barras, algo que tramitarán los propios bares, que han anunciado que no están dispuestos a adelantar los 500 euros de la fianza. Davalillo remarcó que no habrá un pago obligatorio para servir desde la calle y dejó en el tejado de la hostelería qué dinero aportar «de manera voluntaria». En cualquier caso, con el escenario actual, los bares solicitarán los permisos sin contar con la Cofradía y el Consistorio deberá de aprobar esa tramitación.
En el sector critican con dureza los argumentos que utilizó la Cofradía para el cobro de los 500 euros. El presidente lo justificó en base a aspectos como garantizar la limpieza o tener al personal asegurado. «Con estas declaraciones solo trata de engañar y confundir a la ciudadanía», afean los negocios, quienes recuerdan que la entidad que organiza las fiestas «no tiene competencia en materia laboral y la limpieza de la calle le compete al Ayuntamiento». Pero además, emplazan al presidente sanjuanero a que «si el señor Davalillo cree que algún hostelero no contrata a sus camareros, tiene a la Inspección de Trabajo para denunciar y no los medios de comunicación para hacer demagogia barata».
La asociación Altamira tira de ironía y afirma que «agradecemos su defensa de los trabajadores», pero indican que «nos gustaría que empezara por la única empleada que tiene la Cofradía y que esta misma semana ha tenido que recurrir a los juzgados para hacer valer los derechos que Roberto Davalillo, con el dinero de todos los cofrades, le niega».
Espacio público. Otro de los problemas que se avecina entre hostelería y Cofradía tiene que ver con el uso de la vía pública para organizar eventos. El responsable municipal recuerda que la Cofradía reservó el 2 de enero el uso de las principales calles de la ciudad para San Juan del Monte, pero la propuesta todavía tiene que concretarse, como recuerda el responsable municipal. Esto ahora adquiere más importancia, ya que desde la hostelería, su presidente, Pepe Rey, reconoce que «estamos atados de pies y manos para organizar nada, porque tienen todo reservado».
Con este escenario, los hosteleros reiteran que con el modelo de fiestas planteado «la noche se queda huérfana», porque los eventos estarán muy concentrados y se cortarán a las 2.30 horas. Por este motivo, avisan de que «si este año no hacemos espectáculos para todos los sanjuaneros es porque la Cofradía nos lo impide».
Ante este choque entre las dos partes, el concejal responsable de dar los permisos recuerda que el año pasado se vivió una situación similar y «ahora la Cofradía tiene cierta prioridad», sin olvidar que «la hostelería también tiene derecho a solicitar la ocupación de la vía pública», apunta Gómez.