ERC y Bildu han brindado una salida a Unidas Podemos, alternativa a la del PSOE, para arreglar los desatinos en la Ley del 'sólo sí es sí' y evitar así que Sánchez acabe aceptando los votos del PP y dejando en evidencia a sus socios en el Gobierno. Más que una deferencia con Podemos es otra advertencia a Sánchez para que sepa lo que le espera en el final de la legislatura. Susto o muerte. Ni Podemos ni tampoco ERC y Bildu han reconocido todavía que se equivocaron. Los unos al hacer una ley técnicamente mal hecha que ha tenido efectos indeseables para la sociedad y para las víctimas. Los otros, al debatirla, apoyarla y votarla, por lo que son corresponsables del desastre. Lo mismo va a pasar, está pasando ya, con la ley trans. Y los efectos de la ampliación de la ley del aborto van a ser un daño objetivo futuro para muchas mujeres, algunas, no pocas, casi adolescentes. Cuando se aprobó la primera de estas leyes, sus promotoras dijeron que sólo iba a haber dos o tres casos y que no pasaría nada. Y ahí siguen en el Gobierno, prietas las filas.
No son, ni mucho menos los únicos casos. El Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y muchos profesionales ya alertaron sobre la mala técnica legislativa y el escaso rigor que se están empleando en esta legislatura, con las consecuencias que ello supone de quebrantamiento de la seguridad jurídica y de indefensión. El Defensor del Pueblo, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, ha alertado también sobre los errores de la Ley de Familias, que promueve la ministra Belarra, ya con el visto bueno del Gobierno. Esa ley, según el dictamen del Consejo de Estado, bordea la inconstitucionalidad, invade competencias de las autonomías y de otros Ministerios, viola la patria potestad, ignora a las familias numerosas y al varón sólo con hijos, olvida a las familias de abuelos y nietos, contiene expresiones que carecen de sentido jurídico, traspone mal las directivas europeas y cambia todo el derecho de familia por el que nos regimos, no demasiado mal hasta ahora, por cierto. Mejor hacerla de nuevo.
Todo eso, algunas cosas más que ya hemos visto y otras que vendrán en los meses finales de la legislatura, se deben solo a una cosa: a algunos de nuestros gobernantes, les importa un bledo la ley porque ponen por delante la ideología. Y al resto les preocupa más que no se rompa el Gobierno a que sigan las barbaridades legislativas. Y a sus socios de Gobierno, ídem de ídem. Hay que aguantar como sea. Y sacar todo el provecho posible.
Así que cuando los jueces dicen que el Supremo no puede seguir en precario, por razones políticas sí, pero también por una norma del Gobierno; cuando la OSCE, es decir Europa, se suma a las críticas por la elección politizada del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, bloqueado en su funcionamiento ordinario; y cuando el Consejo de Estado, al analizar la reforma de la ley de secretos oficiales, otra más, vuelve a pedir más rigor al Gobierno en sus leyes y que extreme el celo en los tiempos y en los modos de formulación y tramitación de las leyes, lo que todos están haciendo es una enmienda a la totalidad a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores. En España se han hecho más de 411.000 leyes en los últimos cuarenta años. Casi 10.000 al año, 30 cada día, según el economista Mora Sanguinetti. Lo malo no es solo que sean demasiadas, casi inabarcables; es que, técnicamente, algunas importantes, demasiadas, hechas en esta legislatura, son muy malas. Si gana Feijóo, que ya veremos, va a tener que dedicar el primer año a deslegislar todo lo que se ha hecho mal. No va a poder descansar ni los domingos.