El centro de Miranda experimenta una transformación. Los cambios causan efectos estéticos, también mejoran la red de saneamiento, pero la polémica con las últimas decisiones municipales se centra en dónde dejar los coches, ya que el peatón gana terreno. El corazón de la ciudad cuenta con un servicio de estacionamiento regulado. El centro, donde se han concentrado todas las grandes reformas, corresponde al sector B y desde 2019 se han eliminado cien plazas de aparcamiento, a las que hay que añadir las suprimidas por la carga y descarga. La deriva perjudica sobre todo a los vecinos que pagan la tarjeta de residente, que cuesta 60 euros y que ven cómo cada vez tardan más tiempo en encontrar un hueco para su vehículo y todo esto lo viven sin percibir una solución.
La calle Ramón y Cajal ha perdido medio centenar de plazas, en Arenal una veintena han salido de la lista y en el tramo de la de El Cid convertido en semipeatonal otras 26. Con los cambios, también hay que tener en cuenta los contenedores, porque en alguna modificación se han dejado estacionamientos solo en un lado de la calle, por lo que los depósitos tienen que concentrarse en el otro. Frente a todo esto, los vecinos del sector B ven como el Ayuntamiento no ha compensado el número de plazas perdidas en otras calles anexas.
«Estamos pagando lo mismo por la mitad de aparcamiento que teníamos y no hay más», lamenta Roberto, un vecino de la calle Ramón y Cajal que prefiere no dar más datos. Y es que el ambiente en la zona no vive su mejor momento. Otro residente prefiere no decir su nombre y lamenta que «para beneficiar a cuatro están perjudicando a 100». Con más de 80 años, este residente afirma que «por la edad todavía es más perjudicial y tengo claro que si me hace falta meteré el coche en la acera y entonces habrá problemas».
Mientras duren las obras, los residentes con tarjeta aparcan en cualquier zona, pero aun así «es muy difícil, sobre todo según a qué horas porque mientras está la zona azul todavía puedes encontrar un hueco, pero después no y más si coincide con el pincho pote que es misión imposible», aclara Roberto. Los fines de semana también hay dificultades, en un punto de la ciudad en el que «no hay casi garajes y los que existen son pequeños, con una plaza por vecino, así que tampoco tenemos opción de pagar por esto», aclara Roberto.
Entre los usuarios de la zona azul molesta que el precio de su tarjeta se mantenga en los 60 euros en el nuevo pliego, pese a la reducción que sufren, aunque todavía se ve peor la falta de alternativas. Compensar con la creación de más plazas reguladas «tampoco lo veo bien», considera Roberto, quien opina que «esto ya no tiene solución, porque si hacen más plazas, amplían la zona azul y lo usarían más vecinos».
Desde que se creó la ORA a finales de 2005, el sector B ha perdido plazas sin compensación. En esta parte de la ciudad se ha peatonalizado la calle La Estación, parte de Francisco Cantera y otro tramo de la de El Cid. Por este motivo, en los establecimientos se unen a las quejas, porque «más que ayudar al comercio, lo que están haciendo es fastidiarnos y no podemos seguir así», expone la representante del sector, Sonia Araico. En los hosteleros, Pepe Rey duda de los efectos que tendrá en su gremio la transformación del centro, pero critica que «conseguir la tarjeta de servicios es muy difícil, porque hay que tener el negocio, el coche y el empadronamiento a tu nombre en el mismo lugar». Además, por la falta de espacio habla de las zonas de carga y descarga, donde «tampoco hay vigilancia, por lo que muchas veces y no tienes ese sitio», zanja.