Los servicios municipales no son gratuitos. Es algo evidente en los casos en los que su uso se regula a través de una tasa o precio público (el bus, por ejemplo), pero pasa más desapercibido el coste que tiene iluminar las calles o cuidar los parques de la ciudad. Aún así, son servicios más competitivos que los privados porque precisamente en eso, en facilitar su acceso a todos los ciudadanos, reside su razón de ser. La diferencia entre lo que cuestan y lo que recaudan se paga a escote y supone una inversión anual que supera los 100 millones de euros, aunque una parte cada vez más alta de ese dinero se reintegra a las arcas municipales.
Eso es lo que estudia la Memoria Justificativa del Costes y Rendimiento de los Servicios Públicos, un documento elaborado cada año por Intervención y que es preceptivo para la elaboración de la cuenta general de un ejercicio económico. En este caso del 2017, cuyo balance fue entregado a todos los grupos políticos el pasado lunes. Lo que dice ese documento es cuánto costó a las arcas públicas cada uno de los servicios públicos y cuánto retornó a las arcas municipales.
A pesar de que la Memoria de este año contiene errores de bulto como la omisión de todo lo relativo a las Instalaciones Deportivas o el ‘copia y pega’ de los datos del año anterior sobre limpieza y recogida de basuras, sirve para cuantificar el coste de la prestación de esos servicios. También para acreditar que el Ayuntamiento ha incrementado más los ingresos que los gastos o para detectar negocios muy lucrativos que son cuestionables desde un punto de vista legal, como sucede con la gestión de Aguas de Burgos.
en global. El coste durante 2017 de las 11 grandes áreas de prestación de servicios públicos municipales (los datos de basuras y Deportes son los de 2016 por la inexistencia de los actualizados) ascendió a 106,42 millones, mientras que los ingresos se quedaron en 62,58. Eso significa que el Ayuntamiento destinó 43,84 millones a fondo perdido a mejorar la vida de los ciudadanos y cuidar del entorno urbano. La tasa de cobertura (lo que regresa sobre lo que se va) es del 58,8%, la más alta de los últimos cinco años.
En la comparativa del último lustro (ver tabla) se aprecia cómo los ingresos van constituyendo cada vez un mayor porcentaje sobre el gasto. O lo que es igual: el Ayuntamiento destina cada año menos recursos sin retorno a la prestación de servicios. Aún así, esos 43,84 millones que ya no volverán constituyen más de 248 euros por habitante y año.
Sólo hay tres áreas que únicamente generan gasto: Parques y jardines, alumbrado y enseñanza. Las dos primeras forman parte de ese cupo de gastos que se sufragan a través de impuestos ‘generales’ como el IBI, pero la tercera es una competencia impropia como la copa de un pino. Es la Junta de Castilla y León quien debe asumir y sufragar el coste de todos los servicios educativos públicos, pero ahí sigue el Ayuntamiento pagando casi cuatro millones de euros al año en conserjes, mantenimiento de colegios públicos y ayudas a la Escuela de Relaciones Laborales.
Parques y jardines se mantiene estable con un coste en torno a los seis millones de euros anuales, aunque está pendiente de resolución el nuevo contrato, que podría suponer un incremento notable al pretender incluir nuevas áreas de mantenimiento. También el alumbrado sigue contenido y, aunque ha repuntado en el último año, está por debajo de lo que venía costando hace cinco años. Pero es un análisis pormenorizado de aquellos servicios regulados por tasas y precios públicos lo que permite saber dónde se va realmente el dinero y dónde se están buscando mayores ingresos de forma paulatina.
Aguas de Burgos, por ejemplo, tiene la virtud de ir costando menos y ganar más cada ejercicio, hasta el punto de que, según Intervención, el año pasado tuvo unos costes de 17.035.233 euros y registró unos ingresos de 20.927.670. Es decir, el ‘servicio público’ -y básico como pocos- ganó nada menos que cuatro millones de euros el pasado ejercicio. Además, no existen dudas sobre la procedencia de sus ingresos, ya que de los 20,9 millones que recibió en 2017, 20,6 provienen directamente del cobro de la tasa por abastecimiento y saneamiento.
Esto podría ser visto como un ejemplo de gestión, y acaso lo sea, pero lo que sí constituye es una infracción en toda regla al concepto jurídico de tasa. Es simple y conocido: las tasas deben ayudar a mantener el coste de prestar el servicio, pero no pueden generar beneficios a la administración. Sin embargo, el Ayuntamiento de Burgos, que es el accionista único de Aguas de Burgos, obtuvo el año pasado casi cuatro millones de euros de beneficio. No es la primera vez que Aguas obtiene beneficios, pero sí es el margen más elevado de toda la serie histórica, máxime cuando ni se ha planteado una revisión a la baja del coste del suministro. Para saber si hay más casos habría que conocer datos que no se han hecho públicos. Por ejemplo, cuánto cuesta y cuánto ingresa el servicio de estacionamiento regulado ORA.
(Artículo completo en la edición de hoy)