A veces escandalizo a mis interlocutores asegurando que el PSOE no es un partido corrupto. Ni lo es Francina Armengol, ni Salvador Illa. Que no todos son Koldo, o Tito Berni, o Abalos, de la misma manera que en el PP no todos eran Bárcenas o varios otros aprovechados de guante blanco. Ni España es un país corrupto. Al menos, añado inmediatamente, desde el punto de vista de meterse dinero indebido y ajeno en el bolsillo propio. La verdadera corrupción es mucho más grave, porque empieza a ser sistémica, pudriendo no solo a las personas, sino a las ideas y a las instituciones. Y de esa corrupción tenemos, ay, mucha. Porque, por ejemplo...
... por ejemplo, ya es hora de que consideremos corrupción que nuestros representantes falten sistemática y descaradamente a la palabra dada. No puede quedar políticamente impune que hace una semana se nos asegurase que no habría ni la menor enmienda a la proposición de ley de amnistía y este jueves, con el mayor descaro, se nos presente un texto tan sustancialmente alterado que de hecho excluye al Código Penal de su carácter punitivo. Ni se puede disimular lo que señalan las hemerotecas: altos responsables del Gobierno, y hasta del Estado, declaraban ayer inconstitucional una ley de amnistía que hoy proclaman como pieza fundamental en la defensa de la Constitución.
Claro que nos vamos acostumbrando a las puñaladas a la verdad, porque campaña electoral hubo, hace cuatro años ya, en la que se nos aseguró que pactar con determinada formación política quitaría el sueño al noventa y tantos por ciento de los españoles. Y, sin embargo, al día siguiente de las elecciones, ese pacto, al que los electores eran presumiblemente contrarios, se formalizó con un abrazo y una vicepresidencia para el 'coaligado', Pablo Iglesias, que, efectivamente, se convirtió en una pesadilla.
'Flexibilizar' sin mesura el alcance de las leyes, comenzando por la propia Constitución, supone un terrible riesgo de quedar inermes ante cualquier involución. Aplicar exenciones penales en función de los casos y de las conveniencias hace que la ejemplaridad punitiva de la ley caiga en desuso, creando peligrosos precedentes que harán que otros muchos cometan los mismos delitos pensando -y pensarán bien- que son impunes.
Sostengo, contra la opinión de muchos, que casos asquerosos como los que salpican al 'Koldogate' han de castigarse severamente, pero no exacerbarse; no todos los que ejemplares investigaciones periodísticas presentan como presuntamente salpicados por las actividades de Koldo, su jefe y su cuadrilla, actuaron con ánimo prevaricador o de dolo, aunque su gestión pueda haber sido reprobable por deficiente.
Pero no será el 'Koldogate' el que haga caer al Gobierno de Pedro Sánchez; la amnistía, quizá sí. Porque se abre un muy peligroso conflicto entre los poderes -el Tribunal Supremo, contrariando al Gobierno, se asegurará de que la ley aprobada en el Congreso no llegue a aplicarse jamás en beneficio del fugado en Waterloo-, entre las propias Cámaras legislativas -la Alta contra la Baja-, en el seno de la Fiscalía. E incluso hemos logrado, maravilla de maravillas, trasladar a la Unión Europea las fricciones intestinas de las dos Españas; véase, si no, el rapapolvo que recibió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por parte del Partido Popular Europeo por su excesiva 'comprensión' hacia las políticas de Pedro Sánchez.
En medio de este conflicto institucional sin precedentes, y cuando, por la improbabilidad de que se renueve el Consejo del Poder Judicial -la tensión PSOE-PP es más grande que nunca--, es posible que asistamos en los próximos días a una nueva dimisión de un presidente del órgano de gobierno de los jueces, pensar en que esta Legislatura podría llegar hasta su conclusión natural, en 2027, es, simplemente, una utopía irrealizable. E indeseable.
Ya digo que los escándalos aislados de corrupción pueden quedar olvidados o superados por escándalos posteriores de mayor grado o de más notoria visibilidad; pero lo de la amnistía, que entra en directa confrontación con el poder judicial y con las leyes vigentes, tiene mucho mayor calado. ¿Se le llegará a aplicar por completo a un Puigdemont que ha doblado el brazo del Ejecutivo y del Legislativo, pero no del judicial?¿Se puede llegar a un pacto de Estado en torno a la reconciliación y a la superación de las tensiones independentistas en Cataluña? Si se atiende a lo escuchado en boca de los representantes de Junts per Catalunya, no: prometen que lo volverán a hacer. Yo diría que, más que normalizarse el clima político, ha entrado en una nueva ebullición. Y este tsunami acabará ahogando a más de uno que pretende erigirse en el salvavidas.