El líder de la Generalitat, Pere Aragonés, inició el pasado martes el despliegue de su propuesta de acuerdo de claridad con la que, siguiendo la llamada vía canadiense de Quebec, pretende sumar una mayoría catalana a favor de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Ese es el plan del president, una iniciativa que, como avanzó, pondrá sobre la mesa en 2024 al Gobierno que salga de las urnas en las próximas generales. En su hoja de ruta hacia la independencia, ese es el único esquema posible a seguir, continuar por la que define como «senda del diálogo», tras una legislatura en la que se ha indultado a los presos del porcés y se ha reformado el Código Penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación. 

La iniciativa, según los parámetros de ERC, se desarrollará a lo largo de este año, con trabajos académicos y debates políticos, sectoriales y ciudadanos que confluyan en una propuesta que aspira a llevar a la mesa de negociación con el Ejecutivo central. Sin embargo, el aparentemente perfecto plan del president nace marcado por la quimera, a menos que salve los plenos rechazos que ha cosechado ya desde su mismo anuncio por parte del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, que se suman al de otras fuerzas del Parlament como el PP y Vox y los recelos de JxCAT y la CUP.

Con todo, Aragonès, que actualmente solo cuenta con el apoyo a ese acuerdo de claridad de En Común Podem, no solo tiene por delante la necesidad de convencer al Gobierno central de que debe respaldar esta propuesta, sino también a su antiguo socio de coalición en el Govern y a los cuperos, reacios ambos a cualquier planteamiento que pase por una negociación con el Estado que consideran «una farsa» y una absoluta pérdida de tiempo sin visos de éxito.

El president tiene, en lo relativo al desafío de lograr sus objetivos con el Gobierno central, la referencia de esta última legislatura. ERC, como miembro del bloque de investidura de Sánchez, ha sacado adelante sus principales demandas en cuanto a los presos del procés, además de conseguir una reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación que plantea nuevos horizontes judiciales para los líderes independentistas fugados.

Con estos antecedentes, los republicanos siempre han sido claros a la hora de exigir una contrapartida a cambio de su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo. Y también lo son ahora, anunciando que su empeño sigue orientado hacia una consulta de autodeterminación pactada que confiera la legitimidad nacional e internacional que requeriría una hipotética declaración de independencia. 

Si bien Esquerra considera que el referéndum del 1 del octubre de 2017 fue un «ejercicio colectivo de desobediencia pacífica y democrática», los de Oriol Junqueras admiten que aquella consulta no tuvo reconocimiento internacional, ni legitimidad interna entre los catalanes y que incluso no se conectó con buena parte de población no secesionista, motivo por el que el resultado no se pudo aplicar. Por ello, ante el bloqueo de la estrategia rupturista desde entonces y la fractura interna en ese movimiento, han apostado siempre desde su llegada a la Generalitat por la vía dialogada. 

En el Parlament

Aragonès tiene otro frente abierto en la Cámara catalana, donde al previsible rechazo de fuerzas constitucionalistas como el PSC, el PP, Cs y Vox, se suma también el recelo a su plan en el propio bloque independentista. «Es una huida hacia delante después del fracaso de la mesa de diálogo y hace tufo de electoralismo», apuntan desde un JxCAT liderado por una Laura Borrás actualmente suspendida como presidenta del Parlament por una causa judicial de corrupción y malversación. 

«La propuesta de Aragonès no tiene recorrido si lo que quiere es hacer avanzar el proceso de autodeterminación», señala la CUP. La estrategia, para los cuperos, pasa por «forzar» el referéndum, no negociarlo, y por hacer avanzar el proceso defendiendo derechos, esto es, por la vía unilateral como en 2017.

Con esta oposición, el president deberá pisar el acelerador a fondo si quiere conseguir que el Parlament valide su hoja de ruta antes de elevarla a la mesa de diálogo, algo que ya pasaría solo tras las generales.