La decisión tomada por el Ayuntamiento de Briviesca de decretar el cierre de un bar ubicado en pleno casco histórico por ruidos ha generado polémica. Tras acumular «más de un centenar de reclamaciones y denuncias» desde que el local se inauguró, en diciembre de 2019, la «gran mayoría sin sentido» según se defienden el responsable y los empleados, la Guardia Civil llevó a cabo durante el miércoles la clausura cautelar motivada por un informe técnico municipal sobre los incumplimientos de la Ley del Ruido.

Cantidad de briviescanos, familiares y amigos de los jóvenes emprendedores se reunieron frente al bar Deja-Vu en la calle Santa María Encimera con el fin de acompañarles en el momento del cierre entre gritos y gestos de apoyo. «Creemos que se ha cometido una injusticia, ya no nos dejan ni trabajar», declara a DB una vecina. «Otros locales de la ciudad antiguos tampoco cumplen con la normativa vigente y no cargan contra ellos», manifiesta uno de los empleados.

La Benemérita y la Policía Local acabaron por despejar la zona tras generarse una bulliciosa escena que acabaron por presenciarla decenas de residentes y turistas que paseaban por el lugar y que incluso fue grabada por varios dispositivos móviles.

El alcalde de la localidad, Álvaro Morales, justifica la actuación. Desde el Consistorio se ha seguido «el procedimiento normal. Como administración nos vemos en la obligación de escuchar a nuestros vecinos y de verificar sus denuncias» aclara. En el momento en que una persona presentaba una reclamación contra el ruido generado en el local, el equipo de gobierno contactaba con la Guardia Civil para que realizara mediciones de sonido. «En algunas ocasiones se dieron por encima de los niveles acústicos permitidos, por lo que se requirió al empresario un estudio de cumplimiento de la Ley. Dentro del plazo establecido entregaron la documentación pero se comprobó que los parámetros exigidos no se cumplían. A continuación se le instó a ejecutar las obras pertinentes de aislamiento del local en tres meses y al no llevarlo a cabo ni presentar alegaciones se decretó la clausura cautelar en 48 horas», explica.

El gerente del negocio confirma que tan solo una de las múltiples veces que se realizaron las mediciones se sobrepasaba en «tres puntos» el nivel de decibelios permitido. «Me pusieron una multa de 600 euros y luego fue cuando me obligaron a insonorizar, instalar una doble puerta en la entrada y acondicionar el baño para personas con movilidad reducida», afirma.

No obstante, fuentes municipales confirman que la Policía y la Guardia Civil han intervenido en varias ocasiones tras recibir avisos vecinales, la última vez el martes a las 6 de la madrugada.