La presidenta de la comisión de investigación de las eólicas, Ana Sánchez, y la portavoz socialista en la misma, Patricia Gómez, advirtieron que no se cerrarán sus trabajos hasta que comparezcan todos los acordados por los grupos, incluidos Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Vicente Martínez Pujalte, exdiputado del PP.

Sánchez Galán, citado por segunda vez para comparecer ayer por la tarde, volvió a excusar su presencia debido a un viaje, según explicó Ana Sánchez, que aseguró que «la comisión durará lo que tenga que durar», ya que entienden que su obligación es que se esclarezca la verdad. No obstante, desde la empresa eléctrica confirmaron a Ical que no había sido citado «oficialmente».

Hasta ahora han comparecido 27 personas, que en su mayoría se han acogido a su derecho a no declarar ya que la causa está en un juzgado de Valladolid pendiente de la apertura de juicio oral, como recordó Patricia Gómez, que añadió que, pese a ello, se ha señalado a la excúpula de la Consejería de Economía y Empleo, dirigida por el ya fallecido Tomás Villanueva.

En este momento, restan 20 personas por comparecer para finalizar las declaraciones ante, que, en condiciones normales, podrían concluir en diciembre para después iniciar la elaboración de las conclusiones, precisó Sánchez.

El Grupo Socialista pretende que «pasen todos los que tienen que pasar» por la comisión, incluido Sánchez Galán, ya que Gómez aseguró que la empresa Ibercyl, filial de Iberdrola en Castilla y León, «era un elemento necesario para que saliera adelante la presunta ‘trama eólica’».

Sobre Martínez Pujalte, ironizó con que el Grupo Popular de las Cortes desconoce dónde está a pesar de que «casualmente su mujer forma parte de la dirección del Grupo Popular en el Congreso”.

Sánchez advirtió que no van «a permitir que se juegue con los castellanos y leoneses» y «van a ir hasta el final» para que los ciudadanos conozcan lo que ocurrió en lo que el PSOE considera un desfalco de las arcas públicas con la autorización de parques eólicos a empresas, que después vendieron o dieron entrada a empresarios locales.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fue el primero en comparecer en julio de 2020, cuando la comisión la presidía Ciudadanos, si bien afirmó desconocer lo que se investiga por lo que consideró que «nada» podía aportar.

Trillo reitera sus dudas en la operación de Arroyo y Portillo

El exalto cargo de Economía y actual procurador popular, Pablo Trillo-Figueroa, reiteró ayer las dudas que tuvo sobre la operación de compra del edificio de Arroyo y de los terrenos del polígono de Portillo por su elevado precio, dado que en el primero se planteó una horquilla de entre 66 y 72 millones, que vio «disparatada», aunque concretó que serán los tribunales quienes dictaminen si hay algo ilegal. 

Trillo-Figueroa afirmó que los entonces viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández «conocían a la perfección» la operación, pero declinó hablar del consejero Tomás Villanueva, ya fallecido, y estimó que «algo hizo» el presidente Juan Vicente Herrera tras su conversación cuando el precio se rebajó hasta 52 millones. 

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, polígono de Portillo y edificio de Arroyo, Trillo-Figueroa, exvicepresidente de Ade y exsecretario general de Economía y Empleo, pero que no está investigado por el juzgado, confirmó la reserva que tuvo sobre el precio de compra del edificio de soluciones empresariales, cuya preocupación confesó al presidente Herrera.

Trillo, que explicó a la comisión lo que ya declaró al juez, manifestó que «a lo largo» de una conversación con Herrera, que no era para eso, le trasladó su preocupación por el excesivo precio de compra del edificio de Arroyo y hasta su «disgusto y cabreo» porque se le conociera como la ‘Perla Negra’. 

A la pregunta de la socialista Patricia Gómez de por qué informó a Herrera y no al consejero, si fue porque no le consideraba tan honesto, manifestó que, como militar, es jerárquico y una vez que el presidente le dijo que le mantuviera informado se sintió relegado de trasladarlo al consejero.

A lo largo de una extensa comparecencia, explicó que las dudas sobre Portillo las expresó el entonces director general de Presupuestos Armando Baeta y él se unió a no firmar nada sin tenerlo claro.