Uno de los mayores símbolos de libertad para un menor de edad es, probablemente, el de abandonar su hogar, ya sea el domicilio de sus padres, tutores legales o un centro de socialización, en un acto que en muchas ocasiones sirve para evadirse de su día a día y de las responsabilidades. El año pasado se denunciaron en la Comisaría Provincial un total de 140 desapariciones, el 70% de ellas, fueron de menores de edad. Por suerte, la mayoría de estas fugas se resuelven con prontitud por la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, que se creó en 2015 para integrar no solo lo que tuviera que ver con altercados en los que se viesen implicados jóvenes con menos de 18 años, sino también con violencia de género y doméstica -un trabajo que a día de hoy copa casi toddos sus esfuerzos-, o delincuencia sexual. Este grupo se encarga de las labores de investigación cuando se producen este tipo de sucesos, aunque su tipología y los perfiles de muchos de los desaparecidos convierten su intervención en un trabajo de gestión.
Así, de las 99 denuncias por desapariciones de menores de edad que llegaron a esta unidad el pasado año 2018, 63 fueron de jóvenes que se fugaron de los centros de socialización en los que residen, cuyas direcciones son las que comunican la incidencia a la sala de emergencias 112 cuando perciben un retraso. Si pasadas unas horas siguen sin aparecer, cursan una denuncia a la Policía Nacional. Es entonces cuando entra en juego la Unidad de Familia y Mujer. «Es muy importante que haya un seguimiento fiel de cómo está el chaval en ese momento porque con tanta entrada y salida en ocasiones se puede llegar a perder el paso», comenta Martín Velasco, jefe de este grupo de la Comisaría.
En este tipo de fugas de menores de edad de los centros, lo más habitual es que coincidan con fines de semana, épocas vacacionales y festivos. Casi siempre son desplazamientos cortos, a fiestas de algún pueblo de la provincia, por ejemplo. Esta situación convierte a los dos meses centrales de la época veraniega como los dos favoritos de estos chavales para darse a la fuga. «En estos casos suele durar un poco más, a lo mejor una semana o dos, pero lo normal es que cuando estos chicos se marchan de su lugar de residencia lo resolvamos todo en unos dos o tres días», puntualiza Velasco. De hecho, no es de extrañar que a veces vuelvan ellos por su propia voluntad o que, a raíz de comunicarse con alguno de los educadores para decir que se encuentran bien, las labores de investigación se agilicen.
Un caso distinto es lo que ocurre con los llamados MENA (Menor Extranjero No Acompañado), cuyas desapariciones se dilatan mucho más en el tiempo, al igual que sus desplazamientos, ya que el objetivo de estos jóvenes es el de llegar a otras zonas de España, como Cataluña o País Vasco, e incluso a otros países de Europa. El jefe de la Unidad de Familia y Mujer señala que en este tipo de fugas los desaparecidos «se encuentra trasteando mucho con el ordenador, ya que a veces se puede perder la pista identificativa a través del nombre (alguien que se llame Munir le ponen Mounir), o de la fecha de nacimiento (que en vez del 13 de abril en otra región le hayan anotado el 15)». En 2018 se dieron 2 casos de reintegros de este tipo de chavales, uno de ellos llevaba desaparecido desde hacía un año y fue encontrado en Estocolmo (Suecia).
También difiere bastante el trabajo policial cuando el menor desaparece de su domicilio. En este caso, recalca Martín Velasco, «son más inquietantes, sobre todo si es la primera vez que ocurre, porque no es la rutina habitual». Aquí entra en juego el entorno del joven fugado, sobre todo sus amigos y la familia. «A veces llega a sus oídos que le andan buscando y eso favorece que cometa errores que den pistas sobre su paradero», señala. Son innumerables las anécdotas en las que finalmente es localizado en chamizos o trasteros de conocidos en los que habitualmente no entra nadie. No deja, en el fondo, de ser una especie de «aventurilla» para ellos.
En caso de que la desaparición dure más de lo esperado, la Unidad de Familia y Mujer pone en marcha un sistema de alerta para que, una vez goze de las autorizaciones de todos los mandos superiores, pasarlo incluso a los medios de comunicación de manera oficial, al margen de otros canales como son las cadenas en las redes sociales. Por suerte, en la provincia de Burgos no ha habido que llegar a esta situación tan extrema en los últimos años.