«Yo no me he escondido como una rata como usted dice. De hecho, estoy en el Festival de cine de Berlín presentando un documental... Ya ve el miedo que tengo». Con esta frase contestó en su cuenta de Twitter en febrero de 2019 el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont a la agresiva pregunta de un cibernauta que le echaba en cara que no se sometiera a la Justicia como habían hecho su anterior número dos en el Ejecutivo regional, Oriol Junqueras, y otros miembros de su Gabinete, aparte de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el actual jefe de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

No quiso entrar el gerundense en contestar a la crítica sobre la valentía de los excompañeros que dieron la cara y, de hecho, en unos minutos borró su respuesta mientras sus fieles cargaban con todo tipo de insultos y amenazas contra el alborotador virtual.  

Ahora que se cumplen cuatro años de la surrealista Declaración Unilateral de Independencia del exalcalde, que proclamó la secesión durante ocho segundos, también se celebra este fin de semana la huida de Puigdemont, que sigue sin someterse a unos tribunales que no reconoce. 

De hecho, el pasado miércoles calificó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el «Tribunal de la Santa Represión» por haber ordenado una de sus juezas que se detuviera al exvicepresidente del Parlament Josep Costa por negarse a comparecer. «El día escogido (cuarto aniversario de la DUI) por los del Tribunal de la Santa Represión para hacer un gesto de autoritarismo tampoco es una casualidad», afirmó en un tuit el exjefe del Govern, que aseguró que quieren «hacer pagar» al político de su partido su «determinación por la independencia». 

A su manera, él también tuvo esa determinación... aunque a 1.580  kilómetros, la distancia que separa Madrid y la Audiencia Nacional de Bruselas, concretamente Waterloo, donde reside Puigdemont desde que llegó a la capital belga el 30 de octubre de 2017. 

Euroorden de detención

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra él y todo su Gabinete por rebelión, sedición y malversación, y el 3 de noviembre la Justicia española emitió una euroorden de detención contra Puigdemont y los consejeros que, como él, se fugaron: Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín. 

Muchos se frotaban las manos pensando que Bélgica entregaría a los cinco prófugos... pero nada más lejos de la realidad. Yes que contaban con Gonzalo Boye, un brillante abogado que había representado, entre otros, a etarras (y lo sigue haciendo pues uno de sus últimos clientes es Josu Ternera) y al narcotraficante Sito Miñanco, y que se sabía los vericuetos legales para burlar a la Justicia.

Han pasado cuatro años y Puigdemont ha sido detenido en dos ocasiones. Se entregó voluntariamente el 5 de noviembre de 2017, siendo puesto en libertad con medidas cautelares. 

La primera detención se produjo el 25 de marzo de 2018 en Alemania, cuando cruzaba la frontera con Dinamarca. Ingresó en la cárcel de Neumünster y cuando parecía que el juez Llarena iba a conseguir que el prófugo fuera llevado a España, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein echó todo por tierra al estimar que el catalán no había cometido un delito de rebelión. Sí aceptó el 12 de julio la extradición por malversación de fondos, pero eso no satisfacía al juez del Supremo, que retiró la euroorden una semana después, dando Alemania el caso por cerrado. 

El segundo y último arresto fue en Cerdeña el pasado 22 de septiembre. Algunos pensaron que, en un intento de torpedear la mesa de diálogo y no perder protagonismo, el expresident se dejaba detener para ser llevado a España, pero no fue así porque intentó evitar esto último a toda costa. Tanto el juez italiano que le juzga como la Abogacía del Estado se han remitido a Bruselas, que en julio decretó que había perdido su inmunidad como parlamentario europeo... pero dio por suspendidas las euroórdenes contra él.   

Estrategia

Así pues, siendo consciente de que la Generalitat ya no la tiene controlada como en los dos años y medio en los que estuvo Quim Torra al frente (el president ahora es el republicano Pere Aragonès), Puigdemont no se resigna a ser invisible, por lo que hace todo el ruido posible para hacerse notar. El pasado lunes, junto a Comín y Ponsatí, abrió en Barcelona una oficina europarlamentaria para atender a los electores.

A todo esto hay que sumar que tiene el control sobre Junts per Catalunya y PDeCat, heredero de la antigua Convergencia que se ha radicalizado con los años. Que a nadie le extrañe que a corto plazo se vayan a fusionar estas dos formaciones junto con alguna otra pues esta semana la secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, pidió  «generosidad» a su partido, a otras fuerzas y a la sociedad civil para articular un espacio político de centro integrador. Una buena pista. 

Pero todos estos movimientos no van orientados hacia Madrid sino hacia Barcelona porque Puigdemont quiere recuperar el liderazgo del frente independentista, perdido en los comicios del pasado 14 de febrero. Él sabe que no le conviene que la mesa de diálogo llegue a buen puerto. 

Lo que parece evidente es que, de momento, el enemigo lo tiene en casa. «Llevamos cuatro años defendiéndola (la DUI) de quien la querría borrar y también plantando cara a los golpistas del 155, aunque algunos hoy lo querrían borrar de su biografía. ¡Viva Cataluña libre!», exclamó el pasado miércoles en un mensaje en su cuenta de Twitter después de que el exconseller Raül Romeva (ERC), que pasó varios años en prisión a diferencia de él, asegurara que la DUI fue una decisión de Puigdemont y que el resto del Govern la secundó.