Las Cortes convalidaron hoy el decreto-ley por el que se modifica la ley de la Función Pública de Castilla y León para la eliminación del catálogo de puestos tipo y la vuelta al anterior mecanismo de la relación de puestos de trabajo, con cuyos cambios se corrigen "errores anteriores" y se inicia una “nueva etapa” de consenso en la Función Pública, como explicó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en declaraciones recogidas por Ical.

El decreto ley contó con los votos a favor de PP, Cs, UPL, Vox y Por Ávila y la abstención del PSOE, que observó poca concreción, y Podemos. Los socios populares y naranjas frenaron la propuesta socialista, solicitada por su portavoz, de tramitarla como proyecto de ley para recoger las aportaciones de los grupos. 

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, calificó de “necesario y oportuno” el decreto ley presentado y aseguró que se inicia una “nueva etapa” de consenso en la Función Pública de Castilla y León, dado que la modificación normativa no recibió ningún voto en contra en el órgano de representación de los empleados públicos de Castilla y León.

Ibañez enmarcó la modificación en varias sentencias que han anulado los instrumentos que se habían aprobado para organizar la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a los amplios plazos y alto grado de litigiosidad que se considera que conllevaría aprobar un tercer Catálogo de Puestos Tipo.

Entre las novedades del Decreto Ley, destacó la supresión de la figura del catálogo de puesto tipo como instrumento organizativo de la estructura de la Administración de la Comunidad y la consideración de que el instrumento básico de organización son las relaciones de puestos de trabajo hasta la regulación de manera "exhaustiva" el concepto, requisitos, y procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo. 

También, señaló que se regula la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias, para afrontar situaciones como la producida por la COVID-19, y se establece un régimen transitorio en cuanto a los concursos de méritos ordinarios y específicos, hasta la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo. 

Justicia y consenso

La procuradora de Cs Marta Sanz valoró que se inicia un camino de consenso en la Función Pública, calificó de urgente la iniciativa presentada por la Junta y concluyó que “no se trata de un capricho”, dado que se han visto afectado el catálogo de puestos fijo y se necesita “hacer tabla rasa”. “Justicia y responsabilidad desde la política del consenso”, resumió. 

En nombre del PP, Leticia García aseguró que el decreto “es más importante de lo que parece” ante la litigiosidad sufrida y el “parón” en los mecanismos organizativos de Castilla y León, por lo que valoró el esfuerzo del actual equipo de Presidencia para su desbloqueo y para garantizar los derechos de los empleados públicos. “Es más necesario que nunca dar estabilidad a la función pública”, aseveró. 

“Es la crónica de una muerte anunciada, un fracaso”, inició su intervención la socialista Yolanda Sacristán al recordar la anulación del catálogo de puestos tipo, en sentencias judiciales, que “ha condenado” la movilidad el concurso abierto de los empleados públicos. 

A ello, unió nuevos recursos que han retrasado el concurso abierto y permanente, cuyos puestos no se pueden adjudicar, y lamentó el “descalabro” de la Administración Autonómica lo que conlleva a aprobar una nueva relación de puestos de trabajo de forma urgente. “Ahora tenemos que solucionar su cascada de errores, que son muchos”, avisó.

Sobre el decreto ley, argumentó que se vuelve al texto antiguo de relación de puestos de trabajo, pero existe una falta de concreción de las plazas y sobre la provisionalidad, lamentó que no haya un plazo para la convocatoria del concurso de méritos y concluyó que muchas alegaciones de la parte social se han quedado fuera. “Nos vamos a abstener, hay muchas cuestiones que no tenemos claras”, precisó.

Finalmente, Ibáñez pidió la palabra para replicar a Sacristán y afear que no lea los textos dado que en el mismo se recoge que el concurso de méritos tendrá una convocatoria anual. La socialista pidió la palabra para responder, pero el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, recordó que la Junta de Portavoces acordó que no habría un segundo turno, lo que negaron con las manos los socialista en la Mesa, Ana Sánchez y José Francisco Martín.