La historia de desencuentros entre el Ayuntamiento de Villarcayo y el registrador de la propiedad va camino de sumar un nuevo capítulo en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, tras el acuerdo adoptado de forma unánime por el pleno de la Corporación. Si el registrador no responde al último requerimiento que se le ha hecho el pasado 23 de noviembre, se emprenderán acciones legales para salvaguardar el interés económico del municipio, dado que está en juego la recaudación de 202.000 euros en recibos del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como las plusvalías.

Este ultimátum que estaba a punto de agotar su plazo "improrrogable de 10 días" plantea al registrador que "devuelva la documentación obrante en su poder, junto con los libros" en los que aparecen las plusvalías liquidadas a los contribuyentes de Villarcayo. Además de ello, debe regularizar las 634 liquidaciones de plusvalías realizadas entre junio de 2016 y junio de 2017 y que están pendientes de firma del alcalde y no han podido ser ingresadas en las arcas municipales.

El cobro de las plusvalías, el impuesto municipal que abonan quienes venden propiedades urbanas y obtienen un beneficio por esta transacción, se dejó en manos del registrador en 2010. El convenio suscrito entonces planteaba que el registrador cobrase una comisión del 10% más IVA por cada liquidación en un momento en el que el Consistorio veía como se le escapaban muchas operaciones de compraventa. Pero el registrador solo podía cobrar en vía voluntaria y no a los que dejaban de abonar este impuesto. Por ello, el alcalde, Adrián Serna, destacó que la decisión tomada en 2016 de denunciar el convenio y dejar el cobro de las plusvalías en manos de la Diputación es menos gravoso para las arcas municipales, porque la institución provincial si puede cobrar a los morosos por la vía ejecutiva con embargos que tramita Hacienda y cobra una comisión mucho menor que el registrador.

En octubre de 2016 se le comunicó al registrador que no se renovaría el convenio y en marzo de 2017 se le indicó una vez más. El convenio quedó extinguido en junio de 2017, al no prorrogarse por parte del Ayuntamiento, pero el registrador acudió a los tribunales de lo contencioso administrativo ante su desacuerdo con la decisión. Este profesional exigía a la Alcaldía que firmara 634 liquidaciones realizadas entre junio de 2016 y junio de 2017 para cobrar su comisión, pero los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento en enero y en septiembre, tras un nuevo recurso.

En marzo pasado se pidió toda la documentación al registrador, porque si no la entrega todas las 634 liquidaciones que él tramitó en el último año del convenio podrían prescribir y ya no se podrán cobrar los recibos del impuesto. Respondió que "esa documentación ya ha sido entregada al Ayuntamiento", pero no lo acreditó con un registro de entrada en el Ayuntamiento, donde el informe del secretario municipal sostiene que "no se han devuelto los expedientes solicitados". Así las cosas, el Consistorio acabará de nuevo en los tribunales para recuperar su dinero.