No, no me refiero, cuando hablo del regreso a la plena normalidad (política), a ese siempre demorado encuentro en La Moncloa entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado: sin duda esa reunión podría desbloquear muchas de las cosas extrañas que salpican y embarran nuestra vida política. Sin embargo, en este momento estoy pensando más bien en otros dos hombres, a los que para nada quiero situar en paralelo, pero que constituyen dos enormes problemas para el Estado: el Rey emérito y el fugado expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.
Lo voy a repetir, porque me horrorizaría que alguien me malinterpretase: poco tienen que ver el que fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años, y que, con los claroscuros que sabemos, prestó grandes servicios al país, y quien presidiera la Generalitat de Catalunya desde enero de 2016 hasta el 28 de octubre de 2017, un personaje que ha protagonizado algunos de los más oscuros y tristes episodios que los catalanes y los españoles hemos padecido en las últimas décadas. Lo que quiero decir es que la estancia de ambos fuera de España, solo relativamente voluntaria por parte de Don Juan Carlos, un autoexilio en la versión que de su caso da Puigdemont, supone un serio quebradero de cabeza para el Estado, que algo ha de hacer para resolver, cada una por su lado y con sus propios remedios, ambas anomalías.
En los últimos días hemos conocido que la Fiscalía General del Estado estudia levantar, por diversos razonamientos que son técnicos, pero también políticos, las imputaciones que pesan sobre Juan Carlos de Borbón, de manera que se facilite su retorno desde Abu Dhabi. Un regreso sin duda problemático, en su protocolo y en sus consecuencias inmediatas, para el Gobierno y más aún para La Zarzuela, pero se trata de un paso inevitable: ¿qué ocurriría si quien reinó en España durante casi cuatro décadas muriera fuera de su patria? ¿Y qué si se mantiene, durante su permanencia en el Golfo, el incesante goteo de su desprestigio? Son preguntas que, me consta, se han hecho al alimón, y varias veces, Felipe VI y Pedro Sánchez, y que resurgirán para el público, entre otras muchas, la semana próxima en las sesiones del congreso federal del PSOE.
Sospecho que el 'caso Puigdemont' también circulará por los pasillos de la feria valenciana que albergarán el cónclave del partido que nos gobierna. Sobre todo, después de que el expresidente socialista Zapatero lo sacase a relucir en una entrevista radiofónica el pasado viernes. Solucionar este caso, que pone a la Justicia española en un constante brete ante sus colegas europeos, es un "factor importante", según Zapatero, para el diálogo en marcha entre el Govern independentista y el Gobierno central. Muchas críticas le han llovido al expresidente por estas declaraciones, pero, en su defensa, no puedo sino recordar las que también le cayeron, incluyendo algunas del entonces magistrado y hoy ministro del Interior Grande-Marlaska, cuando comenzó a negociar, con éxito final, con los terroristas de ETA.
Ya digo, por tercera vez, que muchas cosas, casi todas, separan al ex jefe del Estado, cuyo prestigio sin duda no poco ha disminuido ante las revelaciones sobre sus actuaciones presuntamente irregulares, del expresident de la Generalitat, protagonista de tantas rocambolescas historias desde que, aquel nefasto 27 de octubre en el que proclamó la independencia más efímera de la Historia, iniciase su fuga. Pero también he de insistir en que son precisas soluciones imaginativas, generosas y lo más justas posibles -¿quién se acuerda ya de la polémica sobre los indultos?- para tratar de resolver dos problemas que, por distintas y distantes razones, se enquistan en la piel de nuestra política y en el alma de nuestros tribunales, que se enfrentan a leyes incapaces de resolver tan inéditas y antes impensables cuestiones. No, no habrá normalidad mientras esas soluciones no se encuentren y se pongan en práctica.