Autopsias restringidas únicamente a las muertes violentas

B.D.
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La decisión se produce ante el riesgo que estas prácticas implican por los posibles fallecidos contagiados sin confirmación previa

Autopsias restringidas únicamente a las muertes violentas - Foto: Alberto Rodrigo

La actividad en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos se ha reducido en el último mes prácticamente a cero. Desde que se decretara el estado de alarma, la plantilla de este centro se vio obligada a suspender todo el trabajo ordinario y no urgente derivado de los juzgados, lo que ha supuesto una reducción del 90% en su labor diaria.

Además, el Ministerio de Sanidad ha restringido las autopsias únicamente a las muertes violentas, una decisión motivada ante el riesgo que estas prácticas implican por los casos de posibles fallecidos contagiados sin identificar de forma previa o de los pacientes confirmados y que han muerto con Covid-19. Esta medida ha supuesto que el Anatómico Forense de Burgos no haya realizado autopsias en las últimas semanas porque no se han registrado muertes violentas y las pocas que se han hecho en las instalaciones anexas al hospital Divino Valles han sido de personas no contagiadas por el virus.

En palabras de Amador Martínez Tejedor, director de Instituto de Medicina Legal, "las autopsias están en este momento absolutamente desaconsejadas porque tanto el traslado de los cadáveres como la intervención supone un riesgo de contaminación muy alto". Martínez Tejedor precisa que incluso en los casos de muertes violentas con intervención judicial se aconseja una autopsia mínimamente invasiva para evitar la dispersión del virus en las maniobras.

Desde primeros de abril, el Anatómico Forense colabora con la Dirección General de Salud Pública de la Junta para analizar los certificados de defunción que se producen en todas las provincias de la Comunidad Autónoma y así trasladar los datos de los fallecimientos registrados con Covid-19, los no confirmados pero sospechosos y aquellos en los que había sintomatología epidémica.

La certificación de la muerte corresponde a los médicos asistenciales de los servicios públicos o privados de Salud pero desde el Instituto de Medicina Legal los analizan a fin de tener un conocimiento desde el punto de vista de salud pública de la incidencia de un tipo u otro de muerte. "Nosotros no dependemos de la Dirección General de Salud ni de Sacyl pero lo estamos haciendo por el ofrecimiento que hizo el Ministerio de Justicia para que los médicos forenses, en este contexto de crisis sanitaria, pudiéramos aportar nuestros conocimientos, experiencia y trabajo", destaca el director del centro.

Por ello, a diario, se remiten desde Burgos a la Junta todos los análisis de los certificados que se han producido de fallecimientos y el tipo de defunción, tanto de muertes confirmadas por coronavirus como posibles o probables. 

A vueltas con la cifra de decesos. En cuanto a la controversia generada por la cifra de decesos, Martínez Tejedor subraya que es el Instituto Nacional de Estadística el órgano que recibe los certificados de defunción de toda España, si bien la información que da es con retraso porque el análisis que realizan es a mes vencido.

El Instituto Anatómico Forense trabaja además, en colaboración con el servicio de Microbiología del HUBU, en la realización de las PCR (pruebas de diagnóstico que permiten detectar la presencia de coronavirus en un cuerpo) en aquellos cadáveres en los que hay sospecha de infección. Las pruebas se hacen en el momento del levantamiento del cadáver y las muestras se derivan a la sección de Microbiología del HUBU para su análisis. En caso de que se confirme positivo se contacta con los familiares y allegados del fallecido para que se adopten las medidas de prevención y aislamiento.

En cuanto a la actividad judicial, atienden los servicios de guardia y los servicios urgentes, como causas con preso (se han llevado a cabo muy pocas en estas cuatro semanas), cuestiones de internamiento psiquiátrico no voluntario, y levantamiento de cadáveres, además de algún asunto de menores requerido por el juez. El Instituto, que cuenta con una plantilla de diez forenses, auxiliares y personal administrativo, mantiene el sistema de dos forenses de guardia permanente cada día y los desplazamientos que son precisos a la capital y a la provincia.