El auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid que ordena la disolución de Tauroemoción (adjudicataria de la feria de San Pedro), el cese del órgano de administración social y la liquidación de la empresa por insolvencia, ha abierto varias interrogantes sobre las consecuencias de esta decisión judicial, principalmente en lo que afecta a la gestión del coso burgalés y al contrato con el Ayuntamiento, dudas que no encuentran respuestas precisas. Máxime cuando el auto del magistrado señala que contra la resolución, de fecha 6 de abril, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de 20 días, «no obstante lo cual -apostilla el juez- se llevará a efecto lo acordado».
Ante esta situación, Alberto García, gerente de Tauroemoción, explica que el auto «no supone nada porque no es una sentencia firme» y añade que el contenido de la misma «no tiene ningún recorrido». «Se va a recurrir, nuestra empresa está saneada, sin deudas con Hacienda ni Seguridad Social. No impide que nosotros sigamos con nuestro día a día. En ningún caso impide el trabajo de la sociedad», afirma, tras apuntar que el tema «está controlado y solucionado» a través del «mecanismo de reactivación de la empresa», de la que él es el administrador. «Podemos operar con total normalidad», insiste, tras indicar que Tauroemoción podría pedir la prórroga del contrato con el Ayuntamiento «sin ningún problema» y podría presentarse a todos aquellos concursos que desee.
Desde el equipo de Gobierno local se mantienen a la espera de los pasos que dé Tauroemoción. El alcalde, Daniel de la Rosa, asegura que no se van a precipitar en la toma de una decisión, un mensaje que también transmite el concejal de Deportes, Levi Moreno, quien declara que el jurídico de su área entiende que al existir la posibilidad de recurso, y mientras no sea una sentencia firme, el Ayuntamiento no está obligado a tomar una decisión sobre el contrato con la empresa. «De momento, tranquilidad», dice. Levi Moreno admite que de haber una sentencia firme «sería otra historia». «Mientras la sociedad no esté disuelta se mantienen las obligaciones contractuales con la empresa», subraya.
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