La Guardia Civil, en el marco de la Operación Chenilbur, ha detenido en la provincia de Burgos a D.O.U., de 28 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por omisión de proporcionar los cuidados necesarios a varios perros de su propiedad.

Agentes del Seprona inspeccionaban días atrás un criadero de perros para comprobar el estado de sus instalaciones, verificar que se cumplen con las debidas condiciones higiénico sanitarias y de bienestar animal exigibles conforme a la normativa, vacunación, implantes de microchip y tenencia de razas potencialmente peligrosas.

El centro presentaba una suciedad generalizada, deposiciones acumuladas sin retirar junto con restos de comida por el suelo, además de una plaga de parásitos que comprometía la salud de muchos de los animales, informe la Comandancia en un comunicado de prensa.

Las distintas perreras, donde se acumulaba escombro y material de construcción, estaban construidas con malla metálica, comprometiendo peligrosamente la salud de los canes, por riesgo de ahogamiento, y carecían de protección adecuada contra la lluvia, de zonas de sombra y cobijo, quedando expuestos a temperaturas extremas.

La licencia ambiental con la que contaba le autorizaba la tenencia de 75 animales, sin embargo en presencia del propietario se comprobó que residían 97 ejemplares adultos y 50 cachorros, todos ellos de diferentes razas, alguna de ella peligrosa, y compartían habitáculo.

Muchos presentaban enfermedades cutáneas, uno de ellos una evidente tumoración abdominal sin tratamiento veterinario; la mayoría con extrema delgadez y deshidratación, siendo la nota predominante la suciedad.

Se ha comprobado la deficiente alimentación a base de pan y pienso y la falta de agua potable. Los análisis efectuados a los perros confiscados evidenciaban graves anemias confirmando la mala praxis del profesional.

Le han sido retirados al criador 4 perros para un diagnóstico y tratamiento urgente por una clínica veterinaria. 

Los Agentes del Seprona han solicitado al Juzgado correspondiente la retirada de la propiedad de todos los canes, además de la inhabilitación de D.O.U. para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que guarde relación con animales y la clausura de la instalación y la revocación de la licencia ambiental concedida.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, ha sido llevada a cabo por agentes de la Sección del Seprona de la Guardia Civil de Burgos, que han contado con la colaboración de la Fiscalía de Medio Ambiente de Burgos, el Servicio de Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Asociación Proanbur.