La adquisición de nuevos recursos técnicos para la investigación de accidentes conlleva unas obligaciones que hay que cumplir para que los resultados sean válidos. El fiscal delegado de seguridad vial, Carmelo Andrés, aplaudió ayer la iniciativa de la Policía Local de Burgos de comprar drones y un nuevo escáner láser porque contribuirán «a mejorar el proceso de reconstrucción de accidentes», pero al mismo tiempo advirtió de los requisitos legales que han de cumplir tanto esos medios como los agentes que los utilicen.
Así, advirtió de que ese recién incorporado radar láser «deberá ser revisado cada dos años» por el Centro Español de Metrología. También informó de que los policías que utilicen este aparato -igual que los drones- deben «disponer de una formación específica» para que sus pericias puedan pasar el filtro de la acción judicial. Y no solo eso. También recomendó que no todos los integrantes del equipo de reconstrucción de accidentes acudan al lugar del siniestro, «con el fin de que no se vean contaminados por la escena a la hora de llevar a cabo el informe que enviarán al juzgado».
Carmelo Andrés también se refirió a la utilización de la información de los EDR (esa caja negra que llevan incorporados los coches más modernos) para la determinación de responsabilidades civiles y penales en accidentes de tráfico. Y dejó claro que estos sistemas «están diseñados para aportar datos a los fabricantes» y «como beneficiarios colaterales» se sitúan la Policía, los fiscales y los jueces, que pueden hacer uso de ellos para el esclarecimiento de las circunstancias de un siniestro.
La directora de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés, inauguró ayer el Congreso de Nuevas Tecnologías en Accidentes de Tráfico, que organiza el Ayuntamiento de Burgos, donde anunció que la Policía Local de Burgos formará a otros cuerpos de la región. El intendente jefe, Félix Ángel García, subrayó que «las nuevas tecnologías y la robótica contribuyen de forma clara a saber qué ha sucedido en un accidente de tráfico para facilitar el trabajo judicial».