La expropiación de Torre de Miranda ha sufrido un revés casi definitivo, ya que los tribunales han tumbado el proyecto por «no ajustarse a derecho». El Ayuntamiento todavía puede recurrir la sentencia, pero el fallo es muy claro y no solo estima las alegaciones presentadas por los vecinos sino que condena también en costas a la administración local.

La decisión de abrir una nueva entrada al complejo residencial por la calle Recoletas ha estado salpicada por la polémica desde un primer momento, debido al rechazo de los afectados al proyecto, lo que desató una ‘guerra’ entre ambas partes que ha desembocado en un conflicto legal.

El PSOE ha tratado siempre de justificar en un tema de seguridad una obra que evitaría la circulación de coches por el parque Antonio Machado, argumento negado por los vecinos, quienes en todo momento han mantenido que la expropiación no responde a un interés público y que además es contraria a lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana. También han acusado en innumerables ocasiones de «arbitrariedad» a la alcaldesa, dejando entrever que actúa por la presión de los propietarios de unos garajes ubicados en calle La Estación.

A pesar de todas las trabas en los últimos tres años, el equipo de gobierno ha defendido con ahínco la expropiación. Ni el rechazo de otros partidos ni las dificultades para avanzar en el proyecto han hecho que los socialistas se replantearán en ningún momento su decisión. Tampoco modificaron su planteamiento tras el varapalo que supuso que la Comisión Territorial de Valoración se negara a fijar un precio por los terrenos por considerar que no son expropiables según lo que recoge el PGOU, fallo que además de un freno al proyecto podía interpretarse como un preludio de una posible derrota judicial que finalmente ha llegado.

Y es que el juzgado contencioso administrativo de Burgos ha confirmado que las dudas legales que suscitaba el intento de hacerse con el suelo de Torre de Miranda eran fundadas. «Nosotros ya advertimos que esto iba a pasar, que los tribunales nos darían la razón y que la alcaldesa haría el ridículo por su cabezonería», apuntan los vecinos, que han estado asesorados por el despacho de abogados burgalés Martín Saiz.

Los propietarios achacan a Aitana Hernando un «exceso de soberbia» que ha impedido encontrar una solución que no fuera la vía judicial, «pero la justicia, aunque lenta, siempre llega» y únicamente lamentan que el «empecinamiento» socialista acabe «costando dinero a todos los mirandeses».

actuación con mala fe. La sentencia reconoce en primer lugar la legitimidad de la comunidad de propietarios para recurrir los acuerdos municipales, ya que el Ayuntamiento negaba esta facultad argumentando que no estaba debidamente avalada por una mayoría de los residentes. A partir de ahí, anula los acuerdos de la corporación en los que fue aprobada la expropiación.

El fallo distingue entre dotación urbanística pública y el uso público de un espacio privado. En este punto, en base a la calificación que tiene el suelo de Torre de Miranda en el PGOU, afirma «se pretende utilizar la expropiación para un fin distinto del asignado en la normativa urbanística y por tanto no está amparada por el efecto de interés social».  

La resolución también impone las costas al Ayuntamiento, «algo inusual en este tipo de procedimientos contenciosos. Eso da a entender que los jueces han apreciado mala fe o una praxis temeraria en la actuación municipal», aseguran desde el despacho Martín Saiz.