Un viernes por la noche cualquiera. Dan las diez, las once, las doce, entra la madrugada y los timbrazos al telefonillo se suceden, también los portazos y el ruido del ascensor no para pese a las horas. Estas molestias proceden del continuo flujo de personas -hombres- a uno de los pisos del bloque. Los vecinos no tardan en atar cabos:se trata de una casa de prostitución. Y acuden a la Comisaría para ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. No llevan un recuento, pero en la Brigada de Extranjería -competente en la materia- aseguran que las denuncias «han aumentado en los últimos años y meses». Lo cual ha hecho aflorar más de 50 viviendas en la capital dedicadas a este negocio, repartidas por todos los barrios: centro, Gamonal, zona del G-2 y G-3 e incluso chalés de la periferia. Ni Aranda ni Miranda son ajenas a este fenómeno.
La Policía Nacional atiende todas esas denuncias, pero poco puede hacer, porque el ruido y las molestias de las que se quejan los vecinos no son motivo del inicio de una investigación penal. «Como mucho puede dar lugar a un procedimiento civil; los propietarios han de saber que pueden recurrir a la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a los inquilinos incómodos a cesar en su conducta o incluso iniciar el posible desahucio», comenta Alfonso Rivas, inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Burgos.
Los agentes siempre acuden a los domicilios de los que existen quejas, pero lo único que pueden hacer es entrevistarse con quien les abre la puerta. Se ven impedidos para acceder al piso sin orden judicial. Solo en el caso de que «se esté cometiendo un delito flagrante en el interior, y eso casi nunca ocurre», pueden entrar. Solicitan la documentación a quien les recibe, para comprobar que se halla en situación regular en España, ya que la mayoría de mujeres que viven en estos pisos son extranjeras, «la mayoría sudamericanas», señala Ricardo Renuncio, jefe del Grupo de Operaciones (Goes). Pueden pedir también ‘los papeles’ al resto de inquilinos, «pero estos no están ni siquiera obligados a salir».
Así que hay comunidades de propietarios que no entienden que la Policía Nacional no pueda hacer algo más. Pero es que en realidad no están facultados legalmente para hacerlo. La prostitución «no es un delito en España», solo se puede perseguir «la que afecta a menores, lógicamente, y la trata de personas, es decir, la prostitución coactiva».
control de las viviendas. La Policía Nacional no se limita a hacer una visita al piso y a marcharse, efectúa «un seguimiento de lo que allí sucede», pero lo que «no se puede es colocar un agente en cada bloque para controlar el paso de clientes». En ocasiones hablan con las mujeres con el fin de preguntarles por las condiciones del piso, por si están obligadas a ejercer la prostitución, si tienen una deuda con un proxeneta, etc. Pero aunque así sea, aunque sean víctimas, pocas admiten que son explotadas. Otra fuente de información «son los posibles clientes, pero éstos se oponen a hablar por el temor a formar parte de un procedimiento penal, pues tendrían que declarar, acudir al juicio, etc», comenta Renuncio.
El único castigo contra la prostitución y contra quienes la ‘consumen’ se halla en la Ley de Seguridad Ciudadana -la Ley Mordaza-. Su artículo 36.11 -advierte Rivas- reza que la «solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial», entrañan una infracción grave, castigada con entre 600 y 10.000 euros.
La norma también establece que los «agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción de desobediencia o resistencia a la autoridad».
Por tanto, la «prostitución y sus clientes solo pueden ser perseguidos en la vía pública y da lugar a sanción administrativa, no a una investigación penal», subrayan los policías.
La Brigada también está atenta a las páginas webs de citas que anuncian contactos de prostitutas en Burgos. En ellos no figuran las direcciones de los pisos, pero sí teléfonos móviles de las mujeres, a los que hay que llamar para que faciliten la ubicación donde se halla el domicilio.
Con estos datos, la Comisaría dispone de un directorio de viviendas que mantiene controladas para vigilar que no se dan casos de trata ni de menores. En ocasiones los propietarios los alquilan e ignoran la actividad a la que van a dedicarse, pues el arrendatario acaba montando el negocio y subarrendando las habitaciones a las mujeres.