La tranquilidad que ofrece el pueblo causa que a algunos ni se les ocurra que está prohibido aparcar en la acera para dejar el coche a la puerta de casa, hablar por teléfono mientras se conduce o no ponerse el cinto para llegar hasta el bar ubicado a tan solo unos metros. Pero las multas no desaparecen. Bien lo saben los ayuntamientos, que tienen que gestionarlas y no dan abasto. «No es simplemente voy, te sanciono y ya está, tiene un procedimiento y no tenemos personal para que uno sea secretario, otro instructor y se tramite con todas las garantías», explica desde Santa María del Campo el alcalde, Dositeo Martín, que reconoce que la Guardia Civil ahora «está actuando muy a menudo». Sin tiempo ni recursos para esta competencia, la han delegado en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Tampoco se trata de una cuestión de volumen, reconocen desde Santa María del Campo, más bien de que «llegara lo que llegara no lo íbamos a poder hacer bien» puesto que se acumula a todo lo demás al tener cada vez más obligaciones y «cualquier peso añadido satura la forma de trabajar». Y eso que el pueblo posee una importante población, que ronda el medio millar de vecinos, y cuenta con secretaria a diario. «Nos dan competencias y no nos dan un duro para cumpirlas...», lamenta Martín. A todo ello se debe añadir que, igual que ocurría con la multas por no utilizar las mascarillas, puede suponer un problema con algún vecino al convertirse los propios ayuntamientos en los responsables de su tramitación.

«No es habitual, pero se puede hacer», explica Raúl Galán, jefe provincial de Tráfico. De hecho, solo hay tres municipios burgaleses que lo han solicitado hasta el momento. Además de Santa María del Campo, en ese listado se encuentran el Alfoz de Quintanadueñas y  Sotillo de la Ribera, el último en pedirlo. En otras provincias es más frecuente que ocurra esto, como comenta Galán, y sí les sorprende que aquí únicamente lo han pedido hasta el momento tres localidades cuando pueden hacerlo todas las que así lo deseen.

En el artículo 7 de la Ley de Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad Vial se establecen las competencias que debe asumir cada uno, y en el primer apartado se puede leer que corresponde a los municipios «la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración». Además de esto, queda claramente reflejado en el apartado cuarto del artículo 84 del texto que las sanciones por infracciones de normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponde a los alcaldes.

Pero la gran diferencia reside en el tamaño de los municipios, ya que los más grandes tienen su Policía Local mientras en los más pequeños esa tarea la desempeña la Guardia Civil, de tráfico o no. Y cuando los Ayuntamientos no tienen medios suficientes, el artículo 84 de la Ley de Seguridad Vial les permite solicitar a la jefatura de tráfico la delegación de esa competencia. Lo puede realizar cualquier localidad mediante un acuerdo de pleno y una vez que se envía, el jefe provincial redacta una resolución donde asumen esa competencia y a partir de que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos se encargan ya de tramitarlas.

Para los ciudadanos en realidad no tiene ninguna diferencia. Independientemente de quién la notifique, la multa no varía. Sí tiene efecto económico sobre los propios ayuntamientos, puesto que quien gestiona la denuncia se queda con la recaudación y si lo delegan en Tráfico va a parar a Tesoro Público. Tampoco existe, al no estar permitido por ley, la posibilidad de acordar repartise el dinero a medias entre ambos organismos. Y de ninguna manera influye, como muchos pueden pensar, que por el hecho de que Tráfico tenga las competencias la presencia de la Guardia Civil en el municipio resulte mayor.

Por otro lado, se localizan los municipios que tienen delegado el cobro en el Servicio de Gestión y Recaudación de la Diputación. Se trata de Briviesca, Medina de Pomar, Roa, Salas de los Infantes, Valle de Mena y Villarcayo, que cuentan con Policía Local, y se tramitan aproximadamente entre 900 y 1.000 anuales. Lo recaudado se ingresa al municipio correspondiente, menos el porcentaje que cobra la Diputación por la gestión de impuestos y tasas al Ayuntamiento.

Excepción. Sí se produce una gran excepción, que queda fuera del paquete de estas sanciones. Se trata de las referidas al estado del vehículo como la ITV  o seguro, es decir, que no tiene que ver con maniobras como hablar por el móvil, saltarse un stop o ir por dirección prohibida. Así, aquellas que se refieren al propio estado del vehículo siempre se tramitan desde la jefatura de Tráfico.

Cada pueblo tiene sus propias circunstancias, pero acumular cada vez más responsabilidades así como el hecho de que los trámites sean más largos pone de manifiesto una vez más la imposibilidad de unos cuantos para poder hacer frente a todas esas carpetas llenas de papeles.