Con la apertura de un nuevo curso político y la esperanza de que la pandemia aminore, el Gobierno de Pedro Sánchez se encomienda a la recuperación económica para encarar lo que resta de legislatura, con dos primeros retos: el incremento del salario mínimo y la negociación de los presupuestos.

Moncloa busca subirse a lomos de una recuperación que se refleja ya en la mejora del empleo, el auge del turismo nacional o el aumento del gasto y que se sustenta en el éxito de la vacunación contra la COVID-19, con el 70 por ciento de los ciudadanos ya vacunados. 

El primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego dio luz verde al proyecto de ley de reforma de las pensiones y el presidente, Pedro Sánchez, ha apostado por trasladar la recuperación a los salarios, como le reclama su socio de coalición, Unidas Podemos.

En ambos casos, el Ejecutivo debe dialogar. Para pactar la reforma de pensiones en el Congreso y para lograr un acuerdo con los agentes sociales, con los que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y líder de los morados, se reunió el pasado miércoles en una primera toma de contacto para una negociación que se vislumbra complicada.

La recuperación económica, en la que influirán además los fondos europeos, debe reflejarse en los próximos Presupuestos, que el Ejecutivo tiene que acordar con sus socios, sobre todo con el PNV y ERC, tras cerrar con los indultos a los presos del procés cualquier posibilidad de geometría variable.

La última votación de la Cámara Baja, cuando el Gobierno se vio obligado a salvar con un acuerdo de última hora con Esquerra el decreto que regula la situación de los interinos, da muestra de la debilidad aritmética del Ejecutivo, al que sus socios reprochan a menudo la falta de negociación.

PSOE y Unidas Podemos han señalado que es ahora, con la pandemia dando un respiro, cuando empieza realmente la legislatura.

Como retos tienen la tramitación de leyes como la de la Memoria Democrática, la de Vivienda o las leyes LGTBI y la del Sí es Sí. Los morados presionarán, además, con la reforma fiscal y la necesidad de bajar la factura de la luz, uno de los elementos por los que la coalición ha chocado este verano.

devoluciones en cuestión. También el retorno asistido de menores marroquíes desde Ceuta ha tensionado a los socios. Sánchez ha pactado junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, seguir con los traslados, adecuándolos a la ley, mientras que Unidas Podemos pide que los inmigrantes que no deseen regresar a Marruecos puedan quedarse en España «en unas condiciones de acogida dignas».

Y Marruecos es, precisamente, uno de los motivos por los que el Ejecutivo vive un momento dulce en política exterior, una vez que se ha encauzado el choque con el país vecino, según puso de manifiesto el discurso del rey Mohamed VI, que dio por cerrado el desencuentro que desencadenó la crisis en Ceuta el pasado mes de mayo.

Pero es la operación de evacuación en Afganistán la que más elogios ha suscitado, y sobre la que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dio cuenta el pasado lunes en su estreno en la Cámara Baja, donde acudió en lugar del presidente del Gobierno, pese a la insistencia de la oposición en que tenía que ser Sánchez quien diera explicaciones. 

Precisamente, esta ha sido la última brecha entre el Gobierno y el PP. El partido de Pablo Casado ha defendido que la operación en Afganistán debió pasar por el Congreso: «¿Qué pasa, que es que somos menos democráticos que Alemania, que el Reino Unido, que Italia?», se preguntó el abulense, que acusó al socialista de buscar con el dispositivo de Torrejón una foto con los líderes europeos. «Nos prestamos a que vengan todos los afganos. A ver cómo salen», apostilló.

Y aunque el verano ha acallado la polémica por los indultos del procés, el debate político volverá a Cataluña tras la Diada, el 11 de septiembre, cuando se reúna la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern de Cataluña.

El PP, que desde las elecciones madrileñas lidera las encuestas, mantiene además su negativa a renovar el Consejo del Poder Judicial y otros órganos constitucionales y sigue pidiendo que Sánchez convoque ya elecciones, mientras que sus adversarios, Vox y Cs, reclaman a Casado una moción de censura.

Los socialistas, por su parte, han censurado la postura del PP, al que acusan de no entender el interés general o de no tener sentido de Estado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo sentir ente «vergüenza ajena y estupor ante esta falta de sentido de Estado» del PP por deslizar dudas sobre la legalidad de la intervención.

Reproches cruzados que anticipan debates de alta tensión en el Congreso, que a partir de este mes de septiembre deberá tramitar más de 40 iniciativas que van desde la ley de Dependencia hasta proposiciones de ley como la de Seguridad Ciudadana, las de Secretos oficiales, o las de los bebés robados, que llevan más de un año guardadas en el cajón de sastre.