La Diputación de Burgos ha decidido por fin crear una Oficina Técnica de Ruinas, largamente demandada por el PSOE y por los ayuntamientos con menos recursos. No obstante será con personal de Tragsa y no con funcionarios de la institución y estará limitada a un expediente por municipio, siempre que este tenga menos de 1.000 habitantes.
Lorenzo Rodríguez, vicepresidente primero de la Diputación, ha anunciado hoy tras la Junta de Gobierno la próxima puesta en marcha de este organismo, que estará dotado con dos técnicos y un administrativo. Se encargarán de la tramitación administrativa del expediente de ruina y también de la valoración del coste que tendrá asumir la demolición para la administración local, operación que correrá por cuenta de los ayuntamientos.
El portavoz del bipartito ha justificado que solo se admita una declaración de ruina por localidad, dado que "hay muchísimos expedientes y son muy largos de tramitar".
El diputado socialista Antonio Miguel Araúzo, alcalde de Pradoluengo, ha intervenido en reiteradas ocasiones en los plenos de la Diputación para poner de manifiesto el problema al que se enfrentan los pueblos sin medios administrativos para tramitar los expedientes de ruina, que ahora se pretende paliar con esta oficina.
La Diputación entró el año pasado en el accionariado de Tragsa, por lo que puede hacer uso de sus servicios sin reservar un presupuesto adicional y sin necesidad de contratar personal propio.
Otros asuntos. En la Junta de Gobierno también se ha dado el visto bueno al pliego de la segunda fase de actuaciones en el Monasterio de San Salvador, por 867.363 euros, de los que el Estado aporta el 60 por ciento vía programa del 1,5% Cultural y la Diputación el 40% restante. La obra estará terminada en un año pero después quedará un largo trabajo por hacer para lograr dar uso turístico y cultural a este complejo. Rodríguez ha reconocido que trabajan en la búsqueda de colaboración privada y pública para lograrlo.
También se va a licitar el concurso para realizar un inventario de la red provincial de carreteras, que consistirá en grabar y documentar todos los tramos que están a cargo de la institución para poder tener disponible y actualizada la información cuando sea necesaria una intervención. Costará 225.317 euros (IVA incluido).
Por otro lado, se han adjudicado a Copsa los tres contratos de conservación y mejora de la red provincial de carreteras correspondientes a este año, dotados con 4 millones de euros. El primero corresponde a la zona norte e incluye 10 actuaciones, que costarán 1,083 millones (sin IVA), las 13 obras del lote de la zona sur se realizarán por 1,089 millones y el último contrato es un lote adicional a los dos que suele sacar al año la Diputación, con 6 actuaciones por 1,156 millones. Todas ellas se ejecutarán a lo largo de 2022.