Pese a que pasarse un semáforo en rojo no sale nada barato, nada menos que cuatro puntos del carné y 200 euros, no son pocas las denuncias que llegan cada año al Ayuntamiento de Burgos por este motivo gracias a la función de las cámaras espías colocadas en seis reguladores de la ciudad. Se cuentan, de hecho, por miles. Y eso que muchos conocen de sobra dónde están ubicados. La sentencia que condena al Ayuntamiento a anular una sanción de deja claro que no importa esa sapiencia popular si no están debidamente señalizados. Por eso, los 8.868 ‘cazados’ desde 2018 (año en el que entra en vigor la Ley de Protección de Datos a la que alude el fallo) podrían haber probado suerte en los tribunales. Habrá que ver si la administración mueve ficha antes de que los pleitos se le acumulen. 

Se da la circunstancia de que de un tiempo a esta parte los fotos rojos originan más denuncias que los radares de velocidad, especialmente que los fijos. El pasado año, según la memoria de la Policía Local, estos dispositivos de detección sumaron más multas que las cajas del cinemómetro. Fueron 2.293 en un año que, no hace falta recordar, no hubo especial movimiento en la calle. Bien es cierto que el Ayuntamiento colocó cámaras fijas en todos los postes. 

Hasta 2020, solo el semáforo espía de la avenida del Arlanzón estaba fijo -principalmente por el peligro que supone saltarse el regulador en un acceso a la autovía de ronda-, mientras que en los otros cinco (calle Vitoria (2), avenida de Cantabria (2) y avenida del Cid) solo existía uno que iba rotando. Aun acaparando el único estable el 70% de las denuncias, cada año se superaban con creces las 3.000. 

Los fotos rojos comenzaron a instalarse de manera gradual en 2011. Desde entonces, las sanciones no han dejado de crecer hasta tocar techo en 2016 (3.916). Luego bajaron ligeramente pero siempre han arrojado cifras muy similares. En total, el Ayuntamiento ha tramitado en la última década 26.314 denuncias.