El Ejército no se anda con chiquitas y si uno de sus miembros se pasa con las drogas -aunque sea fuera del horario de trabajo- la sanción es ejemplar. Las Fuerzas Armadas decidieron en 2016 dejar sin efecto el contrato con un cabo la Agrupación de Apoyo Logístico 61 -del destacamento de Ibeas de Juarros- por dar dos positivos en cannabis y uno en cocaína entre marzo y septiembre de 2015. Se podía haber ido a la calle directamente, pero su recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa prosperó y el castigo se quedó en la suspensión de empleo por un año por la comisión de una falta tipificada como muy grave en la Ley Orgánica de Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El suboficial decidió apelar al Tribunal Supremo, pero su Sala de lo Militar ha confirmado la sanción.
En su recurso contencioso-disciplinario, el cabo reconocía los consumos de droga. No podía ser de otra manera, porque las analíticas a las que le sometió el Ejército de Tierra así lo atestiguaban. Asimismo, admitía que esos hechos constituyen una falta muy grave, si bien solicitaba que se le rebajara la sanción de un año de ‘despido’ habida cuenta de que en la actualidad se halla completamente rehabilitado, como queda acreditado en los análisis de orina que se realizó en un laboratorio privado entre octubre de 2017 y mayo de 2018. Sin embargo, en su sentencia el Supremo advierte de que «la mera voluntariedad de someterse a las pruebas y la libre elección del momento de practicarlas las priva de auténtico valor a efectos de ponderación».

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