En 2011, en plena recesión económica y con todos los frenos echados a la contratación pública, la provincia de Burgos disponía de 898 guardias civiles repartidos en sus 32 cuarteles. Una década después, con la crisis superada y con las tasas de reposición de trabajadores públicos en el 100%, esa cifra de efectivos ha descendido a los 788, 110 menos, lo que representa una reducción porcentual del 15%. El dato resulta preocupante a todas luces, porque significa que hoy en día en los pueblos de Burgos hay muchos menos agentes para dar seguridad a sus habitantes, por no hablar de que varios puestos permanecen cerrados buena parte de la semana y solo reciben denuncias en horas contadas, precisamente por la falta de personal que reconoce el propio Gobierno en una respuesta a los senadores del PP Javier Lacalle y Cristina Ayala.

Las explicaciones sobre este espectacular descenso son muchas y variopintas. La más sencilla de comprender es que Burgos no cría guardias civiles, no es una provincia donde sus jóvenes corran por hacerse agentes de la Benemérita o policías nacionales. ¿Por qué? Porque tienen otras salidas profesionales, señalan fuentes del Cuerpo. Y es cierto, esta provincia goza de una de las tasas de desempleo más bajas de toda España, debido, en gran medida, al vigor de su industria, de tal manera que muchos estudiantes tienen el futuro asegurado en las innumerables fábricas que hay no solo en la capital, sino también en Aranda, Miranda y alguna localidad menos poblada, insisten las mismas fuentes.

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