Los profesionales de servicios sociales de la Junta de Castilla yLeón podrán comunicar inmediata y directamente a las distintas fiscalías provinciales aquellos casos que presenten sospechas o indicios de violencia de género. Una posibilidad que se desarrollará de forma piloto en Burgos, León y Palencia -y que luego se extenderá al resto de la Comunidad- en virtud del acuerdo suscrito ayer entre la consejería de Familia y la Fiscalía Superior de Castilla y León. Este protocolo se llevará a cabo de forma experimental durante tres meses, según confirmaron la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, en la inauguración de una jornada formativa dirigida a fiscales especializados en violencia de género. Durante su intervención, la consejera explicó que este protocolo, pionero a nivel nacional, se enmarca dentro del modelo integral ‘Objetivo violencia cero’. Además, indicó que la comunicación a las fiscalías se realizará a través de la secciones de Mujer de las respectivas gerencias territoriales, previa información facilitada por los coordinadores de caso, según informa Ical.

Estas comunicaciones, que se realizará al margen de los casos en los que existen evidencias claras y que se comunican directamente a lo juzgados, servirán para abrir diligencia previas siempre que los casos no estén previamente judicializados, que no precisen actuaciones urgentes e inmediatas de protección a la víctima y que sean supuestos donde existan sospechas o indicios de que se está producción una situación de violencia de genero. La consejera de Familia también resaltó que gracias al protocolo de colaboración firmado con la Fiscalía regional en 2016 para combatir al violencia machista, los servicios sociales de la Junta han realizado y puesto a disposición de los fiscales más de 1.700 informes sobre valoraciones de posibles casos de violencia y sobre víctimas.