Las familias se esperaban que las clases presenciales no volverían a reanudarse hasta el mes de septiembre, al menos en líneas generales, si bien inciden en el problema de la conciliación y exigen a las autoridades que se adopten medidas al respecto puesto que la alternativa de que los abuelos se ocupen de los niños ante la vuelta al trabajo «no es posible por una cuestión de seguridad y responsabilidad» al ser uno de los colectivos más vulnerables de la pandemia. «Se tiene que trabajar en ello con agilidad para dar soluciones», señala el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (Fampa), Francisco Sánchez.
«Si se vuelve a las aulas tiene que ser con todas las garantías de seguridad», agrega Sánchez, quien no entra a valorar la decisión del Gobierno puesto que considera que esta se debe «cuestiones sanitarias». No obstante, pone de manifiesto la necesidad de que se aporten soluciones de cara a facilitar la conciliación. «Son necesarios apoyos», subraya, haciendo referencia a los programas que en este sentido lidera la Consejería de Familia durante los meses estivales y que en ejercicios anteriores ha desarrollado el Ayuntamiento para determinar «qué espacios o centros pueden estar abiertos y contratar a personal preparado para atenderlos» mientras dure el curso escolar.
La Fampa ve «escaso» el anuncio del Gobierno de abrir colegios para menores de seis años, solo cuando los padres acrediten que tienen que trabajar presencialmente y sin posibilidad de flexibilización, y cree que debería extenderse a Primaria. Sobre este asunto, Elena Sardiñas, presidenta de la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres (Fecampa), considera que se trata de un «criterio de exclusión», aludiendo a familias con hijos de edad superior o cuando uno de los progenitores está teletrabajando. En este sentido y aunque reconoce que el anuncio del presidente del Gobierno «es algo que nos esperábamos», cree que debe desarrollarse mediante «normas de legislación y disposiciones porque el planteamiento no queda claro, ni siquiera cuando temporalmente existe la posibilidad de reabrir los centros y si esta es una obligación para todos o si es facultad de su equipo directivo».
En cuanto a la conciliación, la responsable de Fecampa valora que también se regule y que se establezcan «criterios claros al respecto», además de que se faciliten ayudas a las familias y que se «vuelquen» en esta cuestión tanto las empresas como las administraciones. Y es que, tal y como apunta en esta misma línea el secretario provincial de la Federación de Enseñanza de CCOO, Jesús Moradillo, la solución a esta cuestión «no solo tiene que venir del ámbito educativo, sino también del empresarial».
Moradillo reconoce que no resulta fácil y pide por ello que se tengan en cuenta a los representantes de los docentes a la hora de tomar decisiones, algo que, según asegura, no se ha producido hasta el momento. «Hay que abrir un debate social porque la escuela no es una guardería y se olvida que estamos educando a personas», manifiesta, al tiempo que ve «lógica» la decisión de que no se vuelva a las clases hasta el mes de septiembre y añade que los profesores han trabajado en este escenario como si fuera una «posibilidad real» desde que se suspendiera la docencia presencial el 13 de marzo.
Desde el sindicato Stecyl, su responsable provincial, Victoria Ibeas, ve con buenos ojos que las aulas puedan reabrirse con carácter voluntario para los alumnos que están en cursos finalistas, como cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato o segundo de ciclos de FP, debido a que se trata de etapas importantes en sus currículos. No obstante, advierte de que solo se puede adoptar esta decisión si «se cumplen con todas las condiciones de seguridad y se dote del material de protección necesario».
Tanto UGT como ANPE también ponen en valor esas medidas sanitarias y protocolos de seguridad antes de cualquier reapertura. La responsable provincial de esta última central, María Jesús Santamaría, pide al Ministerio de Educación que aclare la «confusión» creada ante esa vuelta excepcional a las aulas y no entiende «en base a qué se ha fijado la edad de seis años».
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que el Gobierno regional ha conocido los planes de desescalada del Gobierno por los medios de comunicación y que está a la espera de que el departamento que dirige Isabel Celaá «dé a conocer los términos y el alcance» de esas medidas.